AAA y AEE advierten aumentos en tarifas si se aprueba proyecto para regular uso de embalses
Se oponen a la aprobación del proyecto de la Cámara 908.
Nota de archivo: esta historia fue publicada hace más de 2 años.
PUBLICIDAD
Los directivos de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) y la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) se opusieron este jueves al proyecto de Cámara que crearía la “Ley de Embalses de Puerto Rico”, pues su efecto redundaría en un aumento en la tarifa que pagan los abonados.
El mayor punto de rechazo de ambas corporaciones estuvo centrado en el Artículo 6 del proyecto de la Cámara 908, el cual crea el Fondo Especial de Manejo de Embalses.
El mismo dispone que “la AAA depositará mensualmente en el Fondo Especial de Manejo de Embalses la cantidad de tres centavos por cada metro cúbico de agua que extraigan de los embalses para ser potabilizada y la AEE depositará en el mismo Fondo la cantidad de cinco centavos de cada kilovatio hora (kWh) producido por fuentes hidroeléctricas propias. Estas cantidades provendrán de las actuales ventas de las corporaciones, y de forma alguna se entenderá como una orden para incrementar sus tarifas. Disponiéndose que este Fondo Especial estará dirigido a sufragar el dragado y remoción de sedimentos de los embalses, de tal forma que para el año 2040, la vida útil de los embalses se encuentre lo más cerca posible a su capacidad original según diseño”.
No obstante, la presidente de la AAA, Doriel Pagán, y el director de la AEE, Josué Colón, advirtieron en sus ponencias que las corporaciones no tienen capacidad económica para asumir ese cargo. Por tal razón, advirtieron que tendrían que pasarlo a los consumidores, a través de un aumento tarifario.
En la actualidad, hay 37 embalses en la Isla, cuatro bajo la administración del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), ocho por la administración de la AAA y el resto bajo la AEE.
De estos, Acueductos extrae agua de unos 20 embalses, según surgió durante una vista pública de la Comisión de Recursos Naturales, Asuntos Ambientales y Reciclaje, presidida por Edgardo Feliciano Sánchez.
Pagán señaló en su ponencia que este fondo representaría “para la Autoridad la carga más onerosa, ya que la Autoridad extrae agua para suplir agua potable a la ciudadanía no solo de nuestros embalses, sino de los embalses administrados por la AEE y el DRNA. Debe tenerse presente que la Autoridad, para extraer agua de embalses que no son de su propiedad, paga por dicha extracción, por lo que, a su vez, encarecería los gastos operacionales de la Autoridad. De esta manera, para la extracción de 390 mgd (millones de galones al día) que indica el proyecto de la Cámara 908 representaría para la Autoridad un aumento en los costos de operación de $1.3 millones mensuales o $16 millones anuales, los cuales no se encuentran actualmente contemplados en el presupuesto de la corporación. A su vez, el DRNA, aunque administre embalses, no estaría aportando para este fondo especial. En vista de que lo anterior no es económicamente sustentable para la corporación, la AAA está impedida de apoyarla”.
Añadió que “la responsabilidad de ello (velar por la salud de los embalses) es una multisectorial que no puede recaer económicamente y principalmente en la Autoridad, ya que resulta altamente oneroso y afectaría grandemente nuestra situación fiscal y por ende se afectarían los servicios que brindamos e, inclusive, encareciendo los costos lo cual redundaría en un incremento en la tarifa a nuestros clientes. Por el contrario, debe ser una responsabilidad compartida entre todos los operadores de embalses en Puerto Rico”.
El directivo de la AEE también destacó que el impuesto que se les cobraría terminaría en las tarifas de los clientes, aun cuando la medida pretende que no fuese así.
Según Colón, la generación en plantas hidroeléctricas en los pasados 10 años ha sido de 862,402,364 kilovatio hora, lo que hubiese representado el pago de $43,120,118.
El funcionario recordó que la AEE se encuentra en un proceso de quiebra y no tiene ingresos para sufragar este nuevo cargo, más cuando buscan aumentar la generación hidroeléctrica en un futuro.
“Las utilidades públicas, como es la Autoridad, no tienen mecanismos para asumir sus costos, que no sea a través de sus tarifas o mediante fondos gubernamentales que puedan sufragar ese costo”, destacó.
Pidió, de inmediato, a la Comisión que, si no desean que el cargo pase a la tarifa de los consumidores, deben identificar la fuente de ingresos con los que se sufragaría el Fondo Especial de Manejo de Embalses.
Por otro lado, Pagán hizo constar que, como parte de los fondos de recuperación tras el impacto del huracán María, se han asignado fondos para el dragado de los embalses. Destacó el que se realizaría en el embalse de Carraízo, que no se draga desde el 1998 y que sirve a unos 200,000 abonados.
“La AAA completó un Estudio Preliminar de Ingeniería para su solicitud de fondos de FEMA (Agencia federal para el Manejo de Emergencias) para el dragado de Carraízo, a través de la Estrategia de Otorgación Acelerada (FAAST, siglas en inglés) para el dragado del embalse Loíza. Además, se comenzaron los trámites para obtener cumplimiento ambiental y los permisos requeridos por esta agencia federal. El diseño comenzó en octubre de 2021 y se espera poder comenzar los trabajos de dragado a finales del 2022; para ello, el tiempo de ejecución se estima en dos años”, anunció.
Según explicó durante la vista pública el jefe de la División de Riego y Represas de la AEE, José Bermúdez, este proceso de dragar los embalses es costoso. Podría alcanzar los $500 a $600 millones. Además, dijo que requiere muchos permisos. Por ello, recomendó a la Legislatura centrarse en colaborar para superar estas trabas.
“El problema que estamos enfrentando para realizar esta labor son las trabas respecto a la permisología y lograr un efecto de oferta y demanda para las personas que están interesadas en invertir en este proceso para poder venderle el material necesario”, dijo.
‘’Lo que nos ocupa, que es cómo podemos manejar la sedimentación de los embalses, una buena medida sería reunirnos todas estas agencias con el apoyo de la Asamblea Legislativa para lograr un proyecto que agilice la permisología para lograr esas remociones. Si esto se materializa, el pueblo de Puerto Rico se beneficiaría grandemente”, agregó.