A los políticos boricuas no les duró mucho la tranquilidad que suele permear durante  la Semana Santa.

Luego de que el Departamento de Justicia federal rechazara el pasado jueves aprobar el plebiscito de status bajo las condiciones elaboradas por el gobierno de Puerto Rico, comenzó el ajoro para el equipo del gobernador Ricardo Rosselló Nevares, que acabaría hoy con la radicación de enmiendas a la “Ley para la Descolonización Inmediata de Puerto Rico”, que rige el proceso.

Con ellas se espera incluir al actual status territorial como opción, tal como exigió la agencia federal, así como revisar las definiciones de “estadidad” y “libre asociación”, que a su parecer conducían a la confusión.

La directora de la oficina de prensa en La Fortaleza, Yennifer Álvarez Jaimes, confirmó que hoy se estarían presentando las enmiendas, y explicó que no se harían expresiones adicionales hasta entonces, puesto que incluso ayer continuaban trabajando en su redacción y análisis.

La apuesta sigue siendo apresurarse: presentar hoy las enmiendas, aprobarlas mañana en la legislatura, firmarlas por el ejecutivo cuanto antes y salir corriendo hasta Justicia federal, donde deberán revisar y darles el visto bueno a los cambios hechos al proceso y a la papeleta.

Empero, respecto a la fecha siguen firme. La consulta será el 11 de junio.

“En el PNP estamos claros que seguiríamos haciendo campaña para el 11 de junio”, aseguró a Primera Hora el vicepresidente de la Cámara de Representantes, José “Pichy” Torres Zamora.

“Estamos haciendo los correcto. Yo no tengo ningún problema con que se incluya al status actual -que es territorial- y que los puertorriqueños lo que queremos es la definición suprema de Puerto Rico. Si es la independencia, que sea la independencia; y si es la estadidad -como yo quiero-, que sea la estadidad,” sostuvo el representante.

Para el presidente del Partido Popular Democrático (PPD), Héctor Ferrer, la consulta no es más que un “embeleco desesperado”.

“Ya el primer embeleco le salió mal y van para su segundo embeleco”, dijo tajante el líder de la Pava.  

¿Es viable una consulta de status para el 11 de junio?

Cualquier enmienda relacionada a las definiciones de status tiene que regresar al Departamento de Justicia. Pese al corre y corre del gobierno local, la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) deberá imprimir papeletas y comenzar una campaña educativa una vez se aprueben esos cambios.

De hecho, hoy se supone que comenzaran a imprimir las papeletas que servirían como modelo, y el proceso se detuvo.

El reloj no para. Quedan justo 55 días para el 11 de junio y dicho ente federal demoró 50 días en invalidar el plebiscito, cuyos documentos fueron entregados el pasado 23 de febrero de las manos de Rosselló, el secretario de Estado, Luis Rivera Marín y el director de la Administración de Asuntos Federales (Prfaa en inglés), Carlos Mercader.

“Cámara, Senado y Ejecutivo vamos a hacer lo que tenemos que hacer inmediatamente, y yo sé que el gobernador va a reclamar inmediatamente a Justicia que haga lo que tenga que hacer inmediatamente para que esto no se detenga”, dijo Torres Zamora, optimista. 

Pero, ¿por qué la prisa?

Para el portavoz de la minoría en la cámara baja, Rafael “Tatito” Hernández, “todo está diseñado para consultar primero, antes de que empiecen a ejecutar”.

“Los retirados que le quiten el 10%, ¿respaldarán al PNP? Los estudiantes que le han quitado $450 millones, ¿respaldarán al PNP? Los que le aumenten la contribución al doble, ¿respaldarán al PNP? Ellos están conscientes […] de cosas que podrían afectar indirectamente su aspiración política como institución. Quieren salir de esto lo más pronto posible”, dijo en entrevista con este medio.

Pero lo cierto es que podría haber más razones. Valdría la pena cuestionar si, de no hacerse en junio, cualquier consulta para la que haga falta meter la mano en fondos estatales quedaría a la merced de la Junta de Supervisión Fiscal. 

¿Representa eso un riesgo para el PNP? Después de todo, se aprobó una asignación de $5.3 millones del erario para cubrir los gastos de la consulta plebiscitaria.

De pecho el PPD contra la consulta

“El PNP, ni [el presidente del Senado] Thomas Rivera Schatz, ni [el presidente de la Cámara de Representantes Carlos] ‘Johnny’ Méndez, ni Ricardo Rosselló le va a decir al partido popular qué es lo que tiene que hacer”, enfatizó  Ferrer.

Con la inclusión o no del actual status territorial, el líder popular tachó el proceso como atropellado puesto que no se consultó con los presidentes de los distintos partidos al momento de elaborar las definiciones que cada uno defendería. 

“Están nuevamente legislando en cuartos oscuros y solos, sin participación de los otros partidos. Así no se conducen procesos plebiscitarios”, dijo sobre el proceso que emprendió el equipo de Rosselló este fin de semana para revisar y redactar las definiciones.

El próximo domingo, el PPD tendrá una asamblea general para discutir el asunto del status, que tantas controversias y grietas ha dejado en el partido. 

Del mismo modo, Hernández adelantó la posición que defenderá. 

“Yo no estaría dispuesto a ir a la asamblea y respaldar una propuesta que no ha sido producto del propio partido popular, que no ha sido producto del consenso”.

La decisión de Justicia federal levanta también el cuestionamiento de cómo la Pava manejará el asunto cuando ya varios de sus miembros, como el representante Manuel Natal Albelo, han comenzado una campaña defendiendo la columna de la soberanía. 

“Están en campaña de la nada. Aquí no hay campaña para nada, el Departamento de Justicia dijo que las definiciones eran ambiguas y llevaban a confusión; que la estadidad que estaba puesta ahí tampoco estaba bien definida; que la columna de soberanía estaba mal redactada. Están haciendo campaña de la nada”, sostuvo Ferrer, quien no dejó de hacer un llamado a la “prudencia y paciencia”.