En un par de semanas podría finalizar la negociación contractual con la compañía que administrará el servicio de transporte marítimo para Cataño y las islas municipio de Vieques y Culebra mediante un Alianza Público-Privada (APP) en la que la empresa recibirá un subsidio público para ofrecer el servicio.

Pero, ¿se les garantizará que no habrá despidos y los beneficios a los servidores públicos que actualmente laboran para la Autoridad de Transporte Marítimo (ATM)?

Según el director ejecutivo de la Autoridad para las Alianzas Públicos Privadas, Omar Marrero, el principio de libertad contractual el gobierno no puede obligar a la compañía proponente -cuyo nombre no se revelará por el momento- a contratar a los empleados que trabajan en la ATM. Las cinco empresas que compitieron en el proceso fueron Balearia Caribbean, HMS Ferries, Priority Roro Services, Seastreak y Puerto Rico Fast Ferries. Precisamente, esta última empresa fue contratada el año pasado para operar cuatro lanchas arrendadas que dan servicio hacia Culebra y Vieques. El contrato es por $15.8 millones.

“Aquellos empleados que quieran entrar con el nuevo operador privado tiene derecho a hacerlo… el que muestre interés para ser contratado tiene que ser entrevistado por la compañía proponente y los empleados que cualifiquen tienen que tener prioridad. Pero en ningún momento se le requerirá al empleado que se vaya al privado y en ningún momento se le requerirá al privado que asuma al empleado”, dijo Marrero aludiendo que así trascendieron los procesos con las APP de Metropistas y del aeropuerto internacional Luis Muñoz Marín.

Los empleados que no sean contratados por la empresa proponente serán transferidos a otras agencias del gobierno según sus habilidades y las necesidades que se identifiquen bajo la ley del Empleador Único.

“A su vez, los empleados que sean contratados por la nueva empresa, tendrán derecho a mantener los mismos beneficios y la misma compensación que tienen en ATM, salvo que pacten algo diferente”, reiteró Marrero al mencionar que la agencia se encuentra en un proceso de implementar próximamente un Programa de Transición Voluntaria.

Una vez se complete la negociación, se pasaría al proceso de transición con la empresa que será contratada por el gobierno para administrar el servicio de lanchas por 23 años. Marrero estima que el este proceso -que se llevará a cabo en coordinación con agencias federales- demorará por tres años.