La Autoridad de Transporte Integrado (ATI), creada el año pasado para manejar conjuntamente los servicios de la Autoridad Metropolitana de Autobuses (AMA) y la Autoridad de Transporte Marítimo (ATI), todavía se encuentra en vías de organizar sus operaciones, y para ello necesita probarle al gobierno de Estados Unidos que cuenta con la capacidad legal, técnica y fiscal para cumplir sus funciones. 

Al comparecer ante la Comisión senatorial de Hacienda para discutir el presupuesto, el secretario del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP), Miguel Torres Díaz, indicó que, tras la aprobación de la Ley 123-2014, que creó la ATI, los esfuerzos durante el presente año fiscal se concentraron en el desarrollo corporativo de la entidad para hacer los ajustes administrativos necesarios.

Sin embargo, advirtió que, para que pueda operar el transporte terrestre y marítimo bajo su jurisdicción, tienen que contar con el aval de la Administración Federal de Transporte Colectivo (FTA, en inglés), por ser los autobuses, las embarcaciones y muelles bienes que se costean con fondos federales.

“La preparación de la solicitud formal a esta agencia federal conlleva demostrar la capacidad legal, la capacidad técnica y la capacidad fiscal, entre otros asuntos relacionados con los derechos civiles, de la ATI. Esta solicitud está siendo preparada, y será sometida a la FTA durante este año fiscal 2015-2016”, dijo Torres Díaz durante la vista pública senatorial.

“La aprobación de la misma es un requisito indispensable para convertir a la ATI en recipiente de fondos federales, y así lograr la transición operacional total entre ATM y AMA a la ATI”, enfatizó.

El presupuesto consolidado recomendado para el DTOP asciende a $91.9 millones, lo que equivale a $10.9 millones menos en comparación con el año corriente. 

Mientras, el presupuesto aprobado para la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT) por su Junta de Directores es de $434.2 millones aproximadamente, de los cuales $248 millones son de ingresos propios y $145 millones de fondos federales. 

La ATI, en tanto, presentó un presupuesto consolidado recomendado de $109.8 millones, que incluyen $2.9 millones para la administración de la entidad, $49 millones para el transporte terrestre y $57.4 millones para el servicio marítimo. 

Alberto Figueroa, director ejecutivo de la ATI, indicó a preguntas del senador José Nadal Power, presidente de la Comisión de Hacienda, que en aras de continuar operaciones con los fondos asignados reorganizarán el transporte terrestre y reducirán las rutas de la AMA de 37 a 14. Para compensar la diferencia, utilizarán los servicios de porteadores públicos.

Figueroa dijo que, con los ajustes, buscan dar mayor flexibilidad a los servicios, y mejorar su eficiencia para reducir el tiempo de espera a entre 15 y 30 minutos. Señaló que actualmente la espera por una guagua ronda los 80 minutos.

Según el titular de la ATI, mejorar los servicios atraería un mayor público, y esto a su vez generaría mayores ingresos para la entidad gubernamental. 

“Dentro del plan, hubiéramos comenzado con un plan de incentivos (a los porteadores) para asegurar los horarios y las frecuencias… La realidad fiscal no permitiría ahora empezar con el plan de incentivos”, sostuvo Figueroa.

Nadal Power planteó la posibilidad de que se revisen las partidas recomendadas con el objetivo de dirigir fondos al propuesto plan de incentivos.

“Habría que ver si funciona sin incentivos, pero, si lo requiere, tendríamos que sentarnos para analizar, para ver cuál sería la necesidad presupuestaria para ese tipo de programa que ciertamente es un servicio del que dependen muchos ciudadanos”, señaló el legislador.

En tanto, Carmen Villar, directora ejecutiva de la ACT, dijo que, a pesar de las medidas que se han tomado para atajar la crisis fiscal en esa corporación pública, el panorama aún es cuesta arriba. Recordó que, al principio del cuatrienio, los préstamos que se habían tomado sin fuente de repago para cubrir gastos operacionales y hacer mejoras capitales ascendían a $2,200 millones.

Al hablar acerca del aumento al impuesto sobre el barril de petróleo y sus derivados a $15.50, dijo que, hasta finales de mayo, ese gravamen, también conocido como “la crudita”, solo había generado $14.8 millones.

“Nos encontramos todavía en un período de transición”, acotó la funcionaria. 

El alza sobre el arbitrio al petróleo cobró efecto el 15 de marzo.