El último día de aprobación de medidas en esta sesión legislativa se movía a paso lento, mientras no se lograba darles punto final a las dos piezas legislativas más importantes en agenda: la resolución del presupuesto y el proyecto de impuestos a las empresas foráneas.

Tampoco lucía bien aspectado el proyecto de ley con que se ordena la transferencia de $165 millones de las arcas de la Corporación del Fondo del Seguro del Estado (CFSE) para mitigar los aumentos en los costos del agua y la energía eléctrica.

El Proyecto de la Cámara 1387 fue aprobada a viva voz el viernes, pero se quedó corto por cuatro votos de llegar al mínimo de 26 en la votación final debido, en parte, a la abstención de nueve populares.

De hecho, fue aprobado a viva voz el viernes a pesar de que se le eliminó el requerimiento de que el dinero que se le quitara a la CFSE fuera repagado. Esa había sido una petición de su administrador, pero con una enmienda del portavoz novoprogresista en la Cámara, Carlos “Johnny” Méndez, se dispuso que tendría que hacer las gestiones necesarias para recuperar el dinero.

Ayer, sin embargo, el proyecto fue reconsiderado, al igual que otra medida derrotada el viernes. Esta última se trata de un proyecto de ley del presidente cameral, Rafael “Tatito” Hernández Montañez, que fija una serie de procesos para uniformar las transiciones entre administraciones en la Legislatura tras los resultados de la elección general.

Esa medida, duramente criticada por las minorías, ya que requiere que todos los partidos presenten al secretario de la Cámara su liderato legislativo en una fecha cierta y también limita la cantidad de empleados por oficina legislativa, fue derrotada el viernes y en respuesta, dijo Hernández Montañez, los populares derrotaron el proyecto de la CFSE.

El gobernador Pedro Pierluisi le había hecho un llamado público a la Legislatura para que aprobara la medida, al argumentar que, en el caso de la energía eléctrica, significaría un ahorro de cinco centavos por kilovatio-hora, aunque no precisó por cuántos meses.

De otra parte, el proyecto del impuesto a las foráneas será llevado mañana a un comité de conferencia, luego de ser aprobado con enmiendas ayer en el Senado. Ese día se supone que los cuerpos legislativos anuncian los proyectos prioritarios que deben ser considerados en comité de conferencia.

Ambas cámaras tendrán hasta el 30 de junio para ponerse de acuerdo solo sobre proyectos ya aprobados. Durante este período, igualmente, se atenderán múltiples nombramientos, como el del comisionado de Seguros, Alexander Adams, y la nominación de Jorge Díaz Reverón como juez del Tribunal de Apelaciones.

En cuanto al presupuesto, los cuerpos legislativos están a la expectativa de que la Junta de Supervisión Fiscal se exprese sobre la resolución que atiende ese asunto. El ente envió una carta notificando que tenían hasta el viernes para aprobar la resolución y concluir el proceso, pero los legisladores se limitaron a aprobar la resolución en comité de conferencia, sin llevarlo a la consideración del pleno.

“No me han dicho nada todavía y no he recibido nada”, dijo el presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara, Jesús Santa Rodríguez, al hablar sobre su comunicación con la Junta.

“En la medida en que la Junta no se exprese, no se puede mover la medida”, agregó. El viernes, Santa Rodríguez indicó que se acordaron unos recortes ascendentes a $40 millones debido a que se identificaron fondos federales que podían ser utilizados para cumplir estos gastos sin que se usaran fondos estatales.

El presidente de la Cámara ha insistido en aprobar el mismo día en el pleno, tanto el presupuesto como el proyecto del impuesto a las empresas foráneas, al argumentar que ambos asuntos están entrelazados. De hecho, el impuesto a las foráneas le garantiza al fisco, al menos, $1,400 millones.

Debido a que el presupuesto está aprobado en comité de conferencia, la medida está “viva”. La intención de la Legislatura es aprobarla mañana.

Atenderán proyectos de aborto

Hernández Montañez indicó, de otra parte, que tanto el proyecto que restringe el aborto y que fue aprobado recientemente en el Senado, como otro radicado el viernes que garantiza este servicio mediante ley, serán atendidos simultáneamente en la Comisión de Gobierno a partir de agosto.

Esa comisión la preside el representante Orlando Aponte Rosario.

La determinación se toma un día después de que el Tribunal Supremo de Estados Unidos diera al traste con la jurisprudencia que garantizaba el derecho al aborto. El aborto sigue siendo legal en múltiples estados y territorios, incluyendo Puerto Rico.