El Tribunal de Circuito de  Apelaciones de Boston determinó que los miembros de la Junta de Supervisión Fiscal se nombraron en contra de la Constitución federal en su cláusula de nombramientos.

Según la decisión publicada por el analista Jay Fonseca, esto significa que le tocaría al presidente Donald Trump nombrar a todos los miembros de la Junta y no como es ahora la composición del organismo en la que el Congreso y el Senado federal nombran unos miembros y el presidente otros.

Asimismo, la decisión permite que continúe el proceso de quiebra del Estado Libre Asociado, porque no dejó el Título 3 que nos protege contra los acreedores.

La determinación fue redactada por el juez Juan R. Torruellas y la decisión fue unánime. La decisión podría ser revisada por el Tribunal Supremo de Estados Unidos.

Reacciona la Junta

Tras la determinación, la Junta de Supervisión Fiscal adelantó que evalúa posibles acciones legales para revisar la sentencia del Circuito de Apelaciones.

“La Junta de Supervisión está evaluando la determinación del Tribunal del Primer Circuito de Boston y considerando las posibles acciones legales”, expresó la junta por voz de su oficial de prensa.

Por su parte, el presidente de la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (UTIER), Ángel Figueroa Jaramillo, se expresó parcialmente satisfecho con la decisión otorgada por el Tribunal.

“En la UTIER estamos parcialmente satisfechos con la decisión que acaba de emitir el Tribunal y estaremos evaluando el resto de la sentencia para saber si la apelamos o no. Sabíamos la inconstitucionalidad que había en el nombramiento de los miembros de la Junta, una Junta que fue nombrada para exprimir a los puertorriqueños. Siempre les dije que mantuvieran la fe, que parecía difícil lo que queríamos hacer, pero que lo haríamos y hoy nuevamente el tiempo nos dio la razón” expresó Figueroa Jaramillo en declaraciones escritas.

“La decisión del Tribunal de Apelaciones lo que hace es revocar lo que Swain había dicho sobre los nombramientos de la Junta, le devuelve el caso y les dice que el lenguaje inconstitucional que hay en PROMESA hay que eliminarlo” explicó por su parte el licenciado Rolando Emmanuelli, abogado de la UTIER.