“No llegamos a 40 empleados”.

Así se encuentra la situación en la Oficina de la Procuradora de las Mujeres en momentos en que la Isla está en una alerta nacional por violencia de género. Y, a pesar de que la procuradora Lersy Boria ha reiterado en que necesita dinero para operar e implementar más programas, nunca había sintetizado cuál es el problema. Resulta que hay limitaciones de personal para impactar y proteger a las víctimas.

Según Boria, es que “la Junta (de Supervisión Fiscal) nos ha retirado $1 millón a la Oficina de la Procuraduría”.

¿Cómo se traduce esa falta de dinero?

“Tenemos solamente un inspector para la tanta legislación protectora de la mujer. No es que no estamos fiscalizando, hemos tenido que hacer un acuerdo de colaboración con el Departamento del Trabajo para poder utilizar sus inspectores y poder trabajar el área de fiscalización. Cuando una víctima se querella contra un patrono y el proceso se ve en nuestra Procuraduría, no tenemos abogados que la represente. Tenemos uno, pero las horas de los abogados se terminan y no podemos pagarlo. No tenemos oficiales examinadores. No podemos pagarle a un oficial examinador, porque las horas también terminan y ellos tienen que cobrar por las vistas que se celebran”, informó al sincerarse con Primera Hora.

Boria expuso que su revelación no es una queja, pues aseguró que los pocos empleados que hay “estamos 24 / 7 trabajando las situaciones”.

“No me gusta quejarme de que, si no tengo dinero, no voy a hacerlo”, sostuvo.

Más, sin embargo, reveló cuáles son las limitaciones en la atención a las víctimas.

“No se puede llegar como queremos”, dijo.

Es que, aun cuando alega que desea dar la milla extra, Boria reconoció que los pocos empleados que hay disponible en la Procuraduría ya sufren las consecuencias de las sobrecargas.

“Nosotros, los que estamos en el ‘field’ con las situaciones con las víctimas, nosotros necesitamos allegar recursos para tener más trabajadores sociales. Aumentar en un 46% las (orientaciones a través de) llamadas telefónicas a nuestra oficina, obviamente nuestras trabajadoras sociales tienen una quemazón. Tenemos poco personal. Estamos trabajando con tragedias. Y he tenido empleadas que se me están yendo, las trabajadoras sociales, porque se queman con el aumento (de pedido a ayuda a la Procuraduría)”, explicó.

También dijo que “no puedo trabajar con un inspector para todo Puerto Rico. Es irreal. Así que independientemente de todos los planes que nosotros tengamos, hay una realidad que no me canso de decir. No pueden seguir recortándole a la Oficina de la Procuraduría y seguir aumentando presupuesto de agencias que quizás no salvan vida. Nuestra oficina salva vida, salva la vida de las mujeres. Así que no me cansaré nunca de decir que nosotros necesitamos más recursos humanos, que necesitamos más oficiales examinadores, más abogados. Que la víctima no va solamente a nuestra oficina porque necesita una orden de protección. Nuestras mujeres llaman porque necesitan pagar la luz, el agua. Hay que atenderlas”.

Boria reconoció que en muchas ocasiones la critican porque no se visualiza su labor en la Procuraduría. Sin embargo, insistió que han logrado establecer muchos acuerdos en el pasado año para que muchos proyectos puedan implementarse. Solo habló de dos con empresas privadas, que son Avon y Betina. Dijo que la mayoría han sido con el mismo gobierno.

Así las cosas, las listas de logros que la procuradora sometió durante la entrevista, en la mayoría de los casos establecen acuerdos colaborativos con agencias de gobierno y municipio, adiestramiento al sector público, intervención para mejorar los servicios de rehabilitación en el Departamento de Corrección para los trasgresores, establecer guías y protocolos para el Departamento de Educación, así como lograr que otras agencias establezcan servicios especiales para las víctimas.

“La violencia es multisectorial y solamente trabajarlo con el gobierno no podemos erradicarla. Tenemos que trabajarlo desde la educación, la reeducación y la fiscalización”, expuso.

Entretanto, Boria comentó que la alerta nacional que emitió la gobernadora Wanda Vázquez para atender la violencia de género no se convertiría en una carga adicional para la pequeña agencia. Alegó que la acción se limita a “un llamado a sus jefes de agencia” para hacer cumplir la legislación que ya hay establecida.

De hecho, reveló que próximamente Vázquez firmará la orden ejecutiva para aclarar cuál será la política pública. Este documento ha sido reclamado por activistas de la mujer.

En medio de este proceso, Boria solo pidió que se le asigne personal de las agencias en destaque para poder estar vigilante a los cumplimientos. Se desconoce todavía si logrará tener esta ayuda.

Por otro lado, la procuradora se quejó porque se juzgue su gestión solo por las estadísticas de las muertes de mujeres por violencia de género. Indicó que son muchas más las vidas que se salvan tras las intervenciones de la dependencia.