La coalición Todos Somos Pueblo se manifestó este lunes frente a los portones del Departamento de Hacienda, en el Viejo San Juan, para denunciar que el caso del banco Doral es uno de corrupción y solicitar una investigación a fondo del proceso mediante el cual el gobierno acordó pagar una millonaria cantidad de dinero de fondos públicos a esa institución bancaria.

El organismo que reúne a entidades de la sociedad civil sostuvo en declaraciones escritas que la determinación emitida el pasado 10 de octubre por el Tribunal de Primera Instancia de San Juan “generó más interrogantes que aclaraciones”.

La decisión judicial validó el acuerdo contributivo entre Doral Bank y el Departamento de Hacienda y obliga al Gobierno a pagar un reintegro de $229 millones en fondos públicos.

A juicio del colectivo, el fallo “se basó en las posiciones particulares de los deponentes, dejando a un lado dilucidar si el acuerdo era favorable o no a los intereses del pueblo de Puerto Rico. De esa manera, observamos cómo el tribunal acoge y aprueba un acuerdo, que en ausencia de un reglamento o ley que lo regule o lo prohíba, los funcionarios tienen la potestad de negociarlo y suscribirlo”.

Juan Camacho, coordinador de la manifestación, calificó como “asunto criminal” la negociación entre Doral Bank y los funcionarios de la pasada administración de Luis Fortuño que dio paso al acuerdo.

“Este evento, en el cual funcionarios públicos de segunda y tercera categoría asumen prerrogativas que deciden sobre nuestras finanzas y sobre nuestras aspiraciones y expectativas como pueblo, es un asunto criminal que tenemos que denunciar y referir para su debida atención”, manifestó Camacho.

Mientras, el Padre Pedro R. Ortiz, portavoz de Todos Somos Pueblo reiteró que lo que ocurrió con Doral es “un claro ejercicio de una conspiración entre empresarios de la banca y sus colegas disfrazados de funcionarios públicos”.

“Lo grave de esta situación es que no es la primera vez que ocurre. La conspiración entre empresarios y el Gobierno es una práctica generalizada que transcurre cobijada por la impunidad que impera en el País para esta clase de delito”, continuó.

Como ejemplo, recordaron los millones de dólares en contratos para la construcción de los gasoductos del norte y del sur, la transacción que cedió a la compañía Aerostar Airport Holdings la administración del Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín, y la repartición de contratos de construcción para el proyecto de Escuelas del Siglo 21, entre otros.

“La prueba de la conspiración en el caso de Doral es significativa,  contundente y pública. Ésta ha circulado tanto en los periódicos y otros medios de comunicación masiva, como en el mismo tribunal. Y nosotros presentamos dicha información como la evidencia que generó un proceso de conspiración contra el pueblo de Puerto Rico”, comentó, por su parte, la líder magisterial Eva Ayala.

Entretanto, exigieron que tanto Hacienda como el Departamento de Justicia y el gobernador apelen la decisión del tribunal, que se fijen responsabilidades a los funcionarios y personas involucradas en el proceso de dicho acuerdo y que se revise la Ley de Ética Gubernamental, en relación con la contratación de exfuncionarios.

Además la coalición solicitó se le informe sobre otros acuerdos que haya hecho Hacienda con otras empresas bancarias en los últimos 10 años y recomendó se legisle y/o se promulguen reglamentos para limitar los poderes de un secretario de esa agencia.

El pasado 29 de octubre, Justicia solicitó una reconsideración ante la jueza Laureana Pérez Pérez, del Tribunal de Primera Instancia, para que reevalúe la sentencia dictada en el caso de Doral. Justicia sostiene que cumplir con el dictamen judicial constituiría validar un desembolso ilegal.