“La medicina fue tan amarga que mató al paciente”, afirma el reconocido profesor y economista José Alameda al resumir su evaluación del impacto real que tuvo la controvertida Ley 7 sobre la economía de Puerto Rico.

“Decían que el antídoto (a la depresión económica) era la Ley 7, acompañada de las políticas de crecimiento. El resultado de la ley ha sido peor de lo que se había pronosticado”, recalcó.

Fundamenta Alameda su conclusión en los objetivos que se incluyen en la exposición de motivos de la mencionada ley y los resultados obtenidos.

Citando dicho documento, recuerda que se dijo entonces que la economía estaba en medio de una depresión y que su caída acumulada en los cuatro años fiscales desde el 2007 al 2010 sería de -9.8 por ciento. Se proyectó además en ese texto que se perderían 45,000 empleos durante los años fiscales 2009 y 2010.

“Pero la realidad es que con la Ley 7 la caída no fue de -9.8 por ciento, sino de -11.6 por ciento al 2010”, señaló Alameda. Además, agregó, “se perdieron 120,000 empleos y no 45,000 como se proyectó, por lo que la Ley 7, lejos de mejorar las condiciones de la economía, las empeoró”.

Contrastó el economista que “en aquel entonces le llamaban depresión y la Ley 7 era el antídoto para la misma. Ahora, cuando los resultados son peores, le llaman que estamos recuperando y todavía los indicadores están en negativo”.

El texto de la exposición de motivos citada por el profesor del Recinto Universitario de Mayagüez en efecto establece que la medida tuvo como objetivo ayudar a reactivar la economía del país. “Esta ley persigue restablecer la base de salud fiscal sobre la cual las otras tres medidas- la Ley del Programa de Estímulo Económico Criollo, la Ley para Implantar la Ley Federal de Estímulo Económico y la Ley de las Alianzas Público Privadas- impulsarán nuestro desarrollo económico para beneficio de todos los puertorriqueños”, dice.

Afirma más adelante que “el Programa está diseñado para que cualquier efecto recesionario de las medidas de control fiscal sea contrarrestado por los efectos progresivos de las medidas de desarrollo económico para que, en su efecto neto, el programa en su totalidad sea progresivo”.

Concluye que “con esta ley, la Asamblea Legislativa ha hecho un ejercicio pleno de su Poder de Razón de Estado para enfrentar la situación con valentía y con un plan de acción integrado que contiene las medidas necesarias para devolverle al Gobierno su salud fiscal y establecer las bases para que el Gobierno pueda impulsar nuestro desarrollo económico para el bienestar de todos los puertorriqueños”.

Los resultados

Los datos oficiales citados por Alameda indican que el producto nacional bruto de Puerto Rico, medido a precios constantes (ajustados por la inflación) se redujo de $6,974 millones en el año fiscal 2007 a $6,254 millones en el pasado año fiscal 2010.

La economía se redujo en -1.2 por ciento en el 2007, -2.9 por ciento en el 2008, -4.0 por ciento en el 2009 y -3.8 por ciento en el año fiscal 2010.

El total de empleos se redujo durante el mismo periodo, de 1,241,000 que promedió el 2007 a 1,089,000 en el fiscal 2010, lo que representa una pérdida de 152,000 plazas.

La proyección de la Junta de Planificación para el presente año fiscal 2011 y el próximo año 2012 no dan margen a optimismo. “La proyección del producto (nacional) bruto real de Puerto Rico para el año fiscal 2011 es de una reducción de 1.0 por ciento”, dice la Junta. Su proyección para el 2012 es de un crecimiento de 0.7 por ciento.

“La medicina fue tan amarga que mató el paciente. La reducción en el gasto y en el empleo público y la incapacidad de las alianzas público privadas para formar inversión privada hicieron la medicina aún más amarga”, concluyó Alameda.