Puerto Rico aprobó en el último año legislación que obstaculiza y dilata el derecho al acceso a la información pública, mientras que varios periodistas han sido agredidos, concluyó un informe de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) divulgado este lunes en Estados Unidos.

 En el informe 2019 sobre la libertad de prensa en Puerto Rico de la SIP, que celebra su Asamblea General en Miami (EE.UU), se recuerda que en el ámbito político se produjeron arrestos y acusaciones de miembros del gabinete gubernamental por corrupción.

 Los escándalos de mala administración, sumados a la filtración de un chat en el que participaron altos funcionarios del Gobierno, incluido el ahora exgobernador Ricardo Rosselló, contribuyeron a su renuncia este verano, así como la de varios de sus ayudantes y allegados que formaban parte del mismo.

 En este sentido, la SIP recuerda que la filtración de las comunicaciones entre el gobernador y miembros de su gabinete ocurrió gracias a las indagaciones y revelaciones de la prensa.

 A su vez, destaca el hecho de que en sus últimos días antes de dimitir formalmente, Rosselló convirtió en ley, pese a protestas y advertencias de los medios sobre las consecuencias de estas medidas, la medida de "Transparencia y Procedimiento Expedito para el Acceso a la Información Pública" y la de "Datos Abiertos del Gobierno de Puerto Rico".

 Ambas medidas "entraron en vigor con efectos contrarios a lo que intentan sostener sus títulos, añadiendo barreras y obstáculos al acceso a la información pública por parte de periodistas y ciudadanos", remarca la SIP en su análisis.

 La ley de transparencia, subraya, permite al Gobierno aplazar la entrega de documentos públicos durante unos dos meses, mientras que la de datos creó un portal de internet a través del Puerto Rico Innovation and Technology Service (PRITS) para publicar información, "pero no propone método o sistema alguno para solicitar documentos públicos que no sean los publicados en el portal".

 Además, explica, "expande las excepciones a la obligación de divulgar información pública y la definición de lo que constituye información confidencial".

 La SIP destaca, a su vez, el "rol fiscalizador de la prensa" que, asevera, se "vio iluminado tras una investigación iniciada en 2018 cuando un gran jurado federal emitió un pliego acusatorio con 18 cargos contra tres individuos, incluyendo al director ejecutivo de la Oficina de Asuntos Gubernamentales del Senado, por presuntamente crear un esquema de empleados (o contratistas) 'fantasmas', como parte de un sistema de corrupción y desvío de fondos públicos".

 La organización de prensa también recuerda que existe la vía judicial para -en un procedimiento relativamente rápido - compeler la entrega de información pública en Puerto Rico.

 En este sentido, recuerda que organizaciones y personas año tras año litigan contra el Gobierno para compeler la producción de información que se retiene o protege.

 "Tanto así que un juez de instancia expresó en corte abierta que la práctica del Gobierno de obligar a la prensa a acudir a los tribunales 'se ha convertido en una norma, un hábito'", recalca.

 Recientemente el Tribunal Supremo tuvo ante su consideración un caso por daños y perjuicios, violación de derechos constitucionales, hostigamiento, persecución y difamación entablado en contra de varios medios por Ana Cacho González, por la cobertura mediática sobre la muerte sospechosa de su hijo de 10 años en 2010 y posterior investigación de los hechos.

 El Tribunal Supremo resolvió que dicho caso estaba parcialmente prescrito.

 La SIP subraya, por último, que aún sigue en vigor el Programa Experimental para el Uso de Cámaras Fotográficas y de Equipo Audiovisual de Difusión por los Medios de Comunicación que todavía "presenta retos para la prensa porque los jueces pueden aplicar de forma desigual o arbitraria la norma, ya que se conceden permisos caso por caso".