Tras dos años de intenso cabildeo, búsqueda de soluciones a preguntas sin respuestas y la espera por una ayuda que aún no ha llegado, la coalición Movimiento por una Vivienda Digna reclamó a la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, en inglés), Desarrollo Urbano de Estados Unidos (HUD, en inglés) y al Departamento de la Vivienda de Puerto Rico el derecho a vivir en un país donde las personas disfruten de una vivienda segura, digna y asequible.

La coalición, compuesta por 20 organizaciones sin fines de lucro, exigieron a las agencias una recuperación justa y democratizada, además la oportunidad real de participar en la toma de decisiones gubernamentales sobre el desarrollo de la colectividad. 

Desde septiembre 2017, el país inició un proceso de recuperación en el que las agencias federales y locales, principalmente FEMA, el Departamento de la Vivienda local y federal, no atendieron efectiva ni equitativamente las necesidades de vivienda que aún existen en las comunidades más afectadas por el desastre. 

Aunque alegan tener la intención de atenderlas, los planes de las agencias demuestran el verdadero impacto de desplazarlas forzosamente.

Charlotte Gossett Navarro, directora senior de Hispanic Federation en Puerto Rico, enfatizó que “a dos años del Huracán María no se nos ha hecho justicia en Puerto Rico”.

Gosset Navarro asegura que la administración federal se niega a desembolsar los fondos federales de recuperación y le imponen barreras injustas al país. Además, afirma que el gobierno local impone políticas públicas y un plan de acción que amenazan el derecho a la vivienda digna y fomentan una agenda de desplazamiento forzoso en la isla.

“Sin embargo, los fondos de recuperación son una oportunidad clave para encaminar un desarrollo sostenible del país que sea por y para la gente.  Por esto, hoy nos unimos al Movimiento de Vivienda Digna para, entre otras cosas, amplificar los reclamos del derecho a la participación ciudadana y una recuperación justa, exigir la transparencia y acceso a información para rendición de cuentas de los procesos de recuperación, y para denunciar los desplazamientos forzosos y discriminatorios”, añadió.

El Movimiento por una Vivienda Digna exige a FEMA, HUD y al Departamento de la Vivienda de Puerto Rico a adoptar una política pública que reconozca y proteja el derecho fundamental a la vivienda digna, segura y asequible de las comunidades en Puerto Rico. 

También, buscan evitar el desplazamiento forzoso de comunidades vulnerables y respetar las realidades de cómo las comunidades se decidieron asentar y desarrollar, hasta, en algunos casos, con la anuencia del propio gobierno.

De igual manera, exigen establecer mecanismos democráticos de participación ciudadana, acceso a la información pública, transparencia y rendición de cuentas en los procesos de toma de decisiones gubernamentales para que el pueblo tenga las herramientas necesarias para ser parte de y fiscalizar dichas decisiones.

La Coalición exhorta a la ciudadanía a mantenerse informados y a firmar la petición en solidaridad con estos reclamos texteando “Vivienda Digna” a 21333.

“Ante la crisis fiscal, económica y ambiental que abunda sobre nuestra isla, es imprescindible crear plataformas abiertas para que nuestra ciudadanía logre soñar e imaginar el país donde deseamos vivir. En el contexto de la vivienda, soñar y defender el derecho de un vecino o una vecina de permanecer es transformar el concepto de la propiedad privada en un asunto colectivo. Es precisamente en esos esfuerzos que hallaremos los sistemas y las políticas necesarias para proyectar la vivienda digna que tanto nos merecemos” puntualizó Sofía Unánue, codirectora de La Maraña. 

Nilton Núñez, coordinador del Instituto Universitario para el Desarrollo de las Comunidades, señaló que “la inusitada desconfianza en los grupos de base comunitaria por parte del sector político y federal está basada en sus subyacentes principios operacionales”. 

La licenciada Amárilis Pagán, directora ejecutiva del Proyecto MATRIA, concluyó que "si no garantizamos el derecho al techo, que a fin de cuentas de eso se trata esto, no podemos hablar de recuperación ni de la posibilidad de que nuestro país supere la pobreza.  El techo, la vivienda digna y segura, es lo que permite a las familias que viven en situaciones de violencia o de pobreza encontrar un espacio para apoderarse de sus vidas y planificar a largo plazo. Nuestras organizaciones, como intercesoras y compañeras de estas poblaciones en su búsqueda de justicia, estamos obligadas a denunciar los riesgos de las acciones propuestas por el gobierno y el gran peligro que enfrentamos de que se profundicen las desigualdades y la pobreza".