El Senado aprovechó ayer el inicio de la sesión extraordinaria para aprobar, entre otras medidas, cuatro resoluciones de investigación sobre diversos asuntos.

Una de las medidas le ordena a la Comisión de Urbanismo e Infraestructura, en coordinación con la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), realizar un estudio del subsuelo en las tierras y áreas circundantes de los Baños de Coamo, con el fin de conocer si allí existen reservas de energía geotérmica que puedan usarse en la producción de electricidad, sin afectar sus manantiales naturales.

“La energía geotérmica es aquella que se obtiene mediante la utilización del calor natural interno de la tierra que puede ser extraído y utilizado mediante la utilización de agua caliente o vapor, o a través de fluidos inyectados artificialmente para este fin”, dice la exposición de motivos de la medida legislativa.

Sostiene que una zona de Puerto Rico que es reconocida por la emanación natural de energía geotérmica es la de los Baños de Coamo.

Otra de las resoluciones ordena a las comisiones de Asuntos Municipales, Seguridad Pública y Asuntos de la Judicatura a realizar una investigación sobre la situación física y el funcionamiento de los diferentes cuarteles de la Policía estatal y las policías municipales.

La Comisión de Urbanismo e Infraestructura también deberá estudiar la interrupción del servicio de agua potable en las comunidades Zanjas, Piedra Gorda y Santiago Vega en el municipio de Camuy.

A dicha comisión legislativa también se le encomendó realizar un estudio abarcador sobre la ejecución del programa de subsidios federales a personas de bajos ingresos Home Investment Partnership Act (HOME), que administra el Departamento de la Vivienda en Puerto Rico.

En la Cámara de Representantes se aprobó por unanimidad el informe de conferencia del proyecto que crea un registro de números telefónicos prepagados, adscrito a la Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones de Puerto Rico.

La medida, del representante Ángel “Gary” Rodríguez, dotaría a la Junta Reglamentadora del poder para establecer un registro que permitiría identificar al propietario del teléfono celular prepagado en caso de un incidente de extorsión.

“El problema estriba en que estas unidades móviles al ser prepagadas no quedan registradas para que las autoridades puedan rastrear al dueño de la misma”, dice la medida legislativa.