El alcalde de San Lorenzo, José R. Román Abreu, defendió hoy el proyecto de ley que aumentaría la pensión de los alcaldes del país.

El alza en las pensiones surge del P. del S. 1148, un proyecto por petición radicado y aprobado la última noche de la actual sesión legislativa y con apoyo bipartita.

Sin embargo, la medida ha sido rechazada por algunos legisladores como el pipiolo Juan Dalmau por ser una "barbaridad", por el gobernador Ricardo Rosselló porque se presenta en momentos en que se advierte de recortes a otros pensionados y por la Junta de Supervisión Fiscal, por ser contrario al Plan Fiscal.

En su comunicado de prensa, Román Abreu, quien entiende que será objeto de ataques pos su postura, dijo que en cuanto a las responsabilidades asumidas en la última década, los municipios han sido quienes se han echado sobre sus espaldas la recuperación de la infraestructura y los daños a la propiedad de los ciudadanos ante los devastadores efectos de los huracanes Irma y María, pues el gobierno central ha colaborado en muy poco y las aseguradoras que han respondido lo han hecho por el sistema de gotero de fondos.

El veterano alcalde electo por el Partido Popular Democrático (PPD) enfatizó, también, la naturaleza particular de los alcaldes, que son funcionarios electos y a quienes se les categoriza como empleados públicos para efectos de retiro, con el agravante de que su aportación es mucho más alta.

Agregó que lo que los ciudadanos desconocen es el hecho de que los alcaldes reciben un por ciento menor de su salario, comparado con lo que se le otorga a los empleados públicos, y deben esperar hasta los 65 años para comenzar a recibir su pensión.

“Cuando hacemos esta distinción no es en detrimento de nadie, ni buscando privilegiarnos en forma alguna, simplemente estamos categorizando nuestra realidad de forma correcta”, puntualizó en sus declaraciones escritas.

Precisó, “no estamos pidiendo el privilegio que se disfruta en la judicatura. Los jueces pueden legar sus pensiones, ante su deceso, a la viuda o el viudo”. Se refiere a una disposición de ley que beneficiaba a jueces del Tribunal Supremo, pero que fue derogada y solo aplica hoy día a jueces que tuvieran el beneficio previo a la derogación de la ley.

Anteriormente se ha legislado, bajo la administración del exgobernador Alejandro García Padilla, para otorgar pensiones más justas a dos alcaldes de los pueblos de Orocovis y Peñuelas. “¿Por qué no hacerlo para todos por igual?”, esta es una pregunta que se hace el Primer Ejecutivo de San Lorenzo, ante la realidad de que los alcaldes son apenas 78 funcionarios y no todos los años se retira uno de ellos.

Los alcaldes que comenzaron su gestión en el año 2000 tenían la expectativa de una pensión decente y ocurre que ahora recibirán menos que otros servidores públicos, cree el alcalde.

“Todos los compañeros y compañeras que hoy ocupamos el puesto de alcaldes, lo digamos en voz alta o en un tono bajo, estamos igual que todos los empleados públicos, preocupados por nuestro retiro. También lo estamos por la realidad que enfrentan todos los retirados del país ante los recortes propuestos por la Junta de Control Fiscal. Nuestra preocupación  es doble, ante la realidad que personalmente enfrentamos, y porque sabemos que los problemas sociales que traerán dichos recortes en nuestros ciudadanos los tendremos que enfrentar desde nuestras responsabilidades como alcaldes”, dijo el alcalde popular.

Finalmente, Román Abreu apuntó la ironía de que la persona que derogó la ley que protegía las pensiones de los alcaldes, el exgobernador Pedro Rosselló González disfrute en el día de hoy de una de las llamadas pensiones Cadillac que fue objeto de litigio en los tribunales del país.

“Entendemos como justo y equitativo nuestro reclamo. No estamos buscando privilegio alguno por el puesto que hoy ocupamos. Hay quienes dicen que en este momento de crisis es inmoral hacerle justicia a los alcaldes. Creemos que la inmoralidad estriba en que se retiren con una pensión de hambre, totalmente inferior a la de otros funcionarios y servidores públicos. En última instancia, si finalmente se decidiera no atender nuestro reclamo, solicitaremos se nos devuelvan nuestras aportaciones y se nos permita colocarlas en instrumentos de inversión que nos garanticen una vejez digna, al igual que lo merecen todos los adultos mayores de nuestro país”, concluyó Román Abreu.