Críticas al nuevo plan de retiro de empleados públicos
Gerson Guzmán López emplazó nuevamente a la legislatura y a la gobernadora Wanda Vázquez a ordenar una investigación sobre el proceso de contratación de Alight Solution.
Nota de archivo: esta historia fue publicada hace más de 5 años.
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El nuevo “plan de retiro” de aportación definida para empleados públicos, que según anunció la Administración de los Sistemas de Retiro (ASR) comenzará el próximo 19 de diciembre, no representa beneficios para los cerca de 110 mil trabajadores de agencias, municipios y corporaciones públicas, afirmó Gerson Guzmán López, presidente de la Unión General de Trabajadores (UGT).
“Este nuevo plan de retiro, que para nada es un plan, es más bien una cuenta de ahorro de los propios trabajadores, no beneficia en lo absoluto a estos empleados, pues no hay ningún tipo de aportación del patrono al retiro de los trabajadores. Además, pone a los propios empleados a decidir si mantienen su dinero en ahorros o si lo ponen en fondos de inversión, pero ¿cómo van a saber bien los empleados públicos dónde y con quién están invirtiendo su dinero? El decir que ahora los empleados tienen el poder de su retiro es un acto de cinismo y total irresponsabilidad”, agregó en declaraciones escritas el líder.
Guzmán López cuestionó, además, el que solo los empleados podrán ver en sus cuentas de retiro el dinero retenido desde mediados del 2017, que fue cuando entró en vigor la ley 106, y que no será hasta que se apruebe el plan de ajuste del gobierno central que los empleados públicos que trabajan desde el 2000 en el gobierno podrán ver y recuperar sus aportaciones a su retiro.
“¿Quién le va a responder a los trabajadores por las pérdidas que le genere el tener que esperar a que se apruebe el plan de ajuste del gobierno central para que le completen los fondos que ya fueron aportados? Estamos hablando de unos $1,300 millones, sin contar los intereses que hayan podido generar. Si el plan de ajuste de deuda se tarda más tiempo en ser aprobado ¿Quién les va a responder?” preguntó.
Por otro lado, el líder sindical cuestionó la razón por la que, según él, es el empleado público el que tiene que pagar la comisión o el gasto de administración de los fondos donde está invirtiendo su dinero y alertó que la falta de supervisión en este proceso podría abrir la puerta a que los trabajadores puedan ser víctimas de fraude y engaño.
Otro señalamiento realizado por Guzmán López sobre la puesta en vigor de este plan es que según él, “se presume, equivocadamente, que la mayoría de los 110,000 trabajadores que tienen ahorros en el Sistema de Pensiones son diestros y poseen los recursos tecnológicos y el conocimiento para hacer sus decisiones financieras y transacciones electrónicamente” por lo que estableció que “un coordinador de Retiro por municipio y corporación pública nunca será suficiente para atender una clientela tan amplia en un servicio que es prácticamente desconocido para la mayoría de los trabajadores”.
Para el presidente de la UGT, la implementación de este proyecto es una muestra adicional de la insuficiencia e incapacidad del presente gobierno para dar respuestas efectivas a las necesidades reales del pueblo trabajador y más cuando la empresa escogida para administrar este dinero, Alight Solution, no ha cumplido con los requerimientos del Departamento de Estado y no cuenta con la certificación de Good Standing desde el 2013.
“Nosotros denunciamos públicamente y presentamos las pruebas de que esta compañía que se seleccionó para administrar el retiro de los empleados públicos no cumple con los requerimientos del Departamento de Estado y no cuenta con un Good Standing desde el 2013, si desde antes de comenzar a operar ya tienen deficiencias, imaginémonos que podría pasar cuando empiecen a administrar el dinero de los trabajadores a partir del 19 de diciembre”, dijo en el comunicado.
Guzmán López emplazó nuevamente a la legislatura y a la gobernadora Wanda Vázquez a ordenar una investigación sobre el proceso de contratación de Alight Solution.
“Una vez más, emplazamos a la legislatura y a la gobernadora de Puerto Rico para que detengan este nuevo atentado contra los intereses y beneficios de los trabajadores públicos y que ordenen una investigación exhaustiva de esta compañía y este proceso, antes de que ocurra lo que todos tememos, que los trabajadores sean timados. No olvidemos la experiencia de UBS”, concluyó.