El principal ejecutivo de Doral Financial Corporation, Glen Wakeman, no compareció este viernes en la mañana a la vista de la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara a la que estaba citado para cooperar con la investigación legislativa sobre el reembolso de $229.8 millones que reclama Doral Bank al Departamento de Hacienda.

Sin embargo, el representante José Báez Rivera, presidente de la Comisión, dio por excusado al ejecutivo, debido a que había estado en comunicación con su abogado para estos asuntos, el licenciado Eric Tulla.

“Esta mañana continuamos conversaciones con el licenciado, quien ha mostrado un interés de sentarnos para comparar calendarios”, expresó el representante, al dar inicio a la vista pública.

Báez indicó que pondrá su agenda y todos los espacios disponibles, incluso en fines de semanas y noches, para que Wakeman tenga el máximo de opciones para acomodar su comparecencia.

“Es un interés muy importante de esta comisión que toda esta notificación sea de forma bien armoniosa, porque no queremos tener a un deponente incómodo con los procesos”, expuso Báez Rivera sobre la investigación ordenada por la Resolución de la Cámara 1071.

“No estamos renunciando a que sea citado nuevamente en un futuro, si las conversaciones no rinden un fruto adecuado”, advirtió el legislador.

Mientras el presidente de la Comisión explicaba cómo y al amparo de qué leyes se realizó la citación el pasado 15 de octubre, el licenciado Tulla llegó al salón de audiencias. 

“Vamos a sentarnos a discutir la posibilidad, acordando con los calendarios la fecha adecuada”, confirmó Tulla en un aparte con este medio.

“El licenciado se mostró muy dispuesto a servir de intermediario para conseguir una comparecencia cualquier día a cualquier hora”, confirmó Báez, luego de dialogar con el abogado tan pronto se levantaron los trabajos de la vista.

Wakeman estuvo citado el pasado miércoles, 15 de octubre a la vista y tampoco compareció. Se alegó que no fue citado correctamente, como excusa a su incomparecencia.

La citación es para indagar en el supuesto acuerdo realizado entre Doral Bank y la pasada administración de Luis Fortuño.

Según ha trascendido, en el 2009 Hacienda concedió a Doral una moratoria de dos años en el periodo de amortización que le dio para deducir el activo de tajadas de intereses o IOs, por sus siglas en inglés, de su ingreso tributable. Luego de esa moratoria, en marzo de 2012, Hacienda determinó que el activo contributivo antes amortizable pudiera convertirse en un reintegro. Este dinero es el que ahora la entidad bancaria reclama.

La semana pasada la jueza Laureana Pérez Pérez, del Tribunal de San Juan, emitió una sentencia en la que declara válido tal acuerdo.