Walmart pagará 7.5 millones tras demanda por vertido de residuos peligrosos en California
La empresa ha sido procesada previamente en varios estados por acciones similares.
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SAN FRANCISCO. Walmart ha acordado pagar 7.5 millones de dólares para resolver una demanda presentada por las autoridades de California, que alegó que el gigante minorista vertió ilegalmente baterías, latas de aerosol de insecticida, productos de limpieza tóxicos, residuos electrónicos, pinturas de látex y otros residuos peligrosos en los vertederos municipales en todo el estado.
El Fiscal General de California, Rob Bonta, anunció el acuerdo el martes, diciendo que la empresa también estará obligada a contratar un auditor independiente para llevar a cabo tres auditorías de residuos cada año en sus instalaciones en todo California durante los próximos cuatro años.
Los resultados de las auditorías deberán compartirse con la oficina del fiscal general, el Departamento de Control de Sustancias Tóxicas del estado y los fiscales de distrito de los 12 condados implicados en la demanda.
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Como parte del acuerdo, Walmart aceptó seguir operando y manteniendo sus programas de residuos peligrosos y realizar las modificaciones necesarias para cumplir los cambios en la Ley de Control de Residuos Peligrosos de California.
“El hecho de que el acuerdo de conciliación requiera que Walmart ‘mantenga’ nuestro programa de cumplimiento de residuos preexistente es un testimonio de la fuerza del programa de cumplimiento que hemos construido, y el propio acuerdo de conciliación reconoce que el programa de Walmart es extremadamente eficaz para mantener los residuos supuestamente peligrosos fuera de los vertederos públicos”, dijo Walmart en un comunicado.
Walmart tendrá que pagar 4.3 millones de dólares en multas civiles y 3.2 millones de dólares en reembolsos si el acuerdo es aprobado por un juez del Tribunal Superior del Condado de Alameda, según el acuerdo.
“La eliminación ilegal de residuos peligrosos y médicos por parte de Walmart no sólo infringía las leyes de California, sino que, si no se controlaba, suponía una amenaza para la salud humana y el medio ambiente”, declaró Bonta. “Este acuerdo garantizará que Walmart tome las medidas necesarias para garantizar que sus residuos peligrosos se manipulen y eliminen como exige la ley”.
El Departamento de Control de Sustancias Tóxicas de California y los fiscales de distrito de los condados de Alameda, Fresno, Monterey, Orange, Riverside, Sacramento, San Bernardino, San Diego, San Joaquín, Solano, Tulare y Yolo se unieron a la oficina del fiscal general en la presentación de la demanda en el 2021.
El estado hizo 70 inspecciones de 2015 a 2021 de los residuos que las tiendas Walmart enviaron a los vertederos municipales y encontró miles de contenedores de aerosoles tóxicos y residuos líquidos, incluyendo pinturas en aerosol, removedores de óxido, lejía (blanqueador), pesticidas y residuos médicos, tales como medicamentos de venta libre.
Según la oficina de Bonta, los vertidos ilegales infringen la Ley de Control de Residuos Peligrosos, la Ley de Gestión de Residuos Médicos y la Ley de Competencia Desleal.
“La eliminación ilegal y la mala gestión de los residuos peligrosos por parte de los empleados plantean graves riesgos para el medio ambiente, la salud pública y la seguridad de los trabajadores”, dijo Todd Spitzer, Fiscal de Distrito del Condado de Orange. “Vamos a seguir trabajando con nuestros socios de la fiscalía en todo el estado para proteger al público haciendo a empresas como Walmart responsable de sus violaciónes de la ley ambiental”.
La oficina del fiscal general resolvió una demanda similar en 2010 en la que Walmart, que opera más de 300 tiendas en California, pagó 25 millones de dólares y acordó detener el vertido en vertederos locales que no están equipados para contener los productos peligrosos.
En 2012 pagó 1.25 millones de dólares a Missouri para resolver una demanda similar.
Y en 2013, la empresa se declaró culpable de seis delitos federales menores de vertido negligente de un contaminante en desagües de 16 condados de California, como parte de un acuerdo de 81 millones de dólares que también incluía cargos en Misuri.