Un juez de Boston declaró por desacato a un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos después de que detuviera a un sospechoso mientras estaba siendo juzgado.

El agente de ICE Brian Sullivan detuvo a Wilson Martell-Lebron la semana pasada cuando salía de la corte. Pero un juez del Tribunal Municipal de Boston emitió un fallo el lunes contra Sullivan, argumentando que había privado a Martell-Lebron de sus derechos al debido proceso y a un juicio justo al detenerlo.

“Es un caso de violación del derecho del acusado a presentarse en el juicio y confrontar a los testigos en su contra”, dijo el juez Mark Summerville desde el estrado. “No podría ser más grave”.

El juez actúa tras el arresto

Summerville desestimó el cargo contra Martell-Lebron de hacer declaraciones falsas en su solicitud de licencia de conducir, es decir, que él no era Martell-Lebron. Después de eso, Summerville presentó el cargo de desacato contra Sullivan, lo que podría llevar al fiscal de distrito del condado de Suffolk, Kevin Hayden, a revisar el caso para determinar si se deben presentar cargos.

“Es reprensible”, dijo Ryan Sullivan, uno de los abogados de Martell-Lebron.

“Los agentes encargados de hacer cumplir la ley tienen el trabajo de velar por que se haga justicia. Los fiscales tienen el trabajo de velar por que se haga justicia. En mi opinión, no hay mayor injusticia que que el gobierno arreste a alguien, sin identificarse, y le impida ejercer su derecho constitucionalmente garantizado a un juicio con jurado”.

Un portavoz de ICE no respondió a una llamada en busca de comentarios.

La medida de ICE es el último esfuerzo para atacar a Boston por su manejo de la inmigración. El zar fronterizo del presidente Donald Trump, Tom Homan, y los republicanos en el Congreso han acusado a la ciudad de no cooperar para deportar a las personas acusadas de delitos violentos. La alcaldesa Michelle Wu, una demócrata que aspira a la reelección este año, dijo que quiere que Boston sea un lugar acogedor para los inmigrantes y que las políticas de la ciudad limiten la cooperación con las autoridades migratorias.