Alrededor de 30 de los 50 estados de Estados Unidos, gobernados tanto por demócratas como republicanos, han rechazado hasta hoy la petición del Gobierno de Donald Trump de entregar los datos de sus ciudadanos a la Comisión de Fraude Electoral, creada por la Casa Blanca.

En una misiva distribuida a los gobernadores de cada estado el pasado viernes, el Gobierno de Trump pidió que les proveyesen de los datos personales de los votantes, incluyendo nombres, direcciones, fechas de nacimiento, los últimos cuatro dígitos de los números de seguridad social y los historiales electorales completos.

Muchos estados se negaron a ello el mismo viernes, sin embargo la lista ha ido incrementando y son ya al menos 29 estados los que están en contra de la petición, decisión que han tomado por preocupaciones relativas a la privacidad de los ciudadanos.

Uno de los últimos en negarse a tal prerrogativa ha sido el estado de Maryland, que confirmó hoy que no entregará dichos datos, mientras que el de Georgia indicó que solo entregará aquellos que están ya disponibles públicamente (nombre, dirección o género), pero se abstendrá de dar aquella considerada como información privada por la ley estatal, como la matrícula o los números de seguridad social.

Ante el creciente rechazo de los estados, Trump ya mostró este fin de semana su descontento con lo ocurrido y se preguntó en su cuenta de Twitter "qué tendrán que esconder" esos estados para no querer proveer de datos a la "distinguida" Comisión de Fraude Electoral.

Esta petición de la Casa Blanca está ligada a la intención del multimillonario de demostrar que ganó el voto popular el pasado noviembre ante su rival demócrata, Hillary Clinton.

Aunque el magnate ganó bajo el sistema de Colegio Electoral, por el número de delegados logrados dependiendo de sus victorias por estado, los resultados de los comicios indicaron que la exsecretaria de Estado obtuvo el apoyo de más ciudadanos que Trump.

Ante ese resultado, el presidente estableció dicha comisión al alegar, sin proporcionar pruebas, que hasta 5 millones de personas votaron ilegalmente en noviembre pasado.

El panel, encabezado por el vicepresidente Mike Pence, tiene el objetivo de analizar problemas de votación y recomendar formas de mejorar la confianza de la ciudadanía en las elecciones.