dos noches en la cárcel, ha demandado a los fiscales a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México que pusieron en marcha el caso criminal que más tarde fue abandonado.

La demanda presentada por Lizelle González en un tribunal federal el jueves, se produce un mes después de que el Colegio de Abogados del Estado de Texas multó y disciplinó al fiscal de distrito en el condado rural de Starr por ese caso, ocurrido en 2022, cuando González fue acusada de asesinato en “la muerte de un individuo por aborto autoinducido”.

Bajo las restricciones del aborto en Texas y otros estados, las mujeres que buscan el aborto están exentas de cargos criminales.

La demanda argumenta que González sufrió daños por la detención y la posterior cobertura mediática y solicita una indemnización de un millón de dólares. “Las consecuencias de las acciones ilegales e inconstitucionales de los demandados han cambiado para siempre la vida de la demandante”, afirma la demanda.

El fiscal de distrito del condado de Starr, Gocha Ramírez, dijo el viernes que aún no había sido notificado de la demanda y declinó hacer comentarios. El juez del condado de Starr, Eloy Vera, el más alto funcionario electo del condado, también declinó hacer comentarios.

Según la demanda, González tenía 19 semanas de embarazo cuando utilizó misoprostol, uno de los dos fármacos utilizados en los abortos farmacológicos. El misoprostol también se utiliza para tratar las úlceras de estómago.

Tras tomar las pastillas, González se sometió a un examen obstétrico en el servicio de urgencias del hospital y fue dada de alta con dolor abdominal. Al día siguiente volvió con hemorragia y en la exploración no se detectó latido fetal. Los médicos le practicaron una cesárea y el bebé nació muerto.

La demanda sostiene que el hospital violó el derecho a la intimidad de la paciente al informar del aborto a la fiscalía, que llevó a cabo su propia investigación y presentó cargos de asesinato contra González.

Cecilia Garza, abogada de González, dijo que los fiscales persiguieron una acusación a pesar de saber que una mujer que recibe el aborto está exenta de un cargo de asesinato por la ley estatal.

Ramírez anunció que se retirarían los cargos apenas unos días después de la detención de la mujer, pero no antes de que pasara dos noches en la cárcel y fuera identificada por su nombre como sospechosa de asesinato.

En febrero, Ramírez aceptó pagar una multa de 1,250 dólares y una suspensión condicional de su licencia durante 12 meses en un acuerdo alcanzado con el Colegio de Abogados de Texas. En aquel momento declaró a The Associated Press que “cometió un error” y aceptó el castigo porque le permitía mantener en funcionamiento su oficina y seguir llevando casos.