El expresidente Donald Trump, que encara este martes su segunda jornada de un juicio histórico en su contra, se quejó en su red Truth Social de sufrir una ley mordaza que no le permite responder a todas las “mentiras y vómitos” que recibe en programas de televisión.

Trump se refiere a la prohibición que el juez le ha impuesto, so pena de multa, de escribir sobre los testigos, los miembros de la fiscalía y de la judicatura, más los familiares de los anteriores, después de que el magnate se haya referido de forma despectiva a la hija del juez Juan Merchan por sus simpatías demócratas.

“Este juez conflictivo, Odiador de Trump, no me permite responder a la gente que están en la televisión mintiendo y vomitando odio a lo largo del día (...) Quiero hablar, o al menos tener derecho a responder”, dijo

Para Trump, esa ley mordaza es un síntoma de que Nueva York tiene un sistema de ‘justicia’ (las comillas son suyas) que está siendo “diezmado por críticas desde todo el planeta”.

Pero la persistencia de esa ley mordaza tiene según él una explicación: “¡Injerencia electoral!, escribió. “MI JUICIO ES UN ASALTO A AMÉRICA”, concluyó.

Los comentarios del expresidente en su red social podrían volver a meterlo en problemas, luego de que el juez Juan Merchan programara para la semana que viene una audiencia sobre la moción para encontrarlo en desacato y sancionar a Trump por sus publicaciones en redes sociales.

La audiencia será el 23 de abril a las 9:30 horas local (13.15 GMT), según el magistrado.

Qué sucedió en el primer día de juicio

El primer día del juicio a Trump —un acontecimiento histórico ya que él es el primer exmandatario estadounidense en ser enjuiciado penalmente— concluyó el lunes sin que se pudiera encontrar a un solo miembro del jurado, que estará integrado por 12 jurados y seis suplentes. Docenas de personas fueron descartadas al admitir que no podrían ser imparciales, aunque otras docenas de personas aún no han sido interrogadas. Trump llegó a la corte justo antes de las 9 de la mañana del martes, dándole a los reporteros un gesto de saludo con la mano antes de entrar.

Es el primero de cuatro casos penales contra Trump, y podría ser el único en dar un veredicto antes de las elecciones de noviembre. Coloca los problemas legales de Trump al centro de la reñida contienda contra el presidente demócrata Joe Biden, con el republicano presentándose como víctima de un sistema judicial politizado para privarle de otro período como presidente.

Trump se ha declarado inocente de 34 cargos de delitos graves de falsificar registros corporativos para suprimir reportes lascivos —y, según él, falsos— sobre su vida sexual durante la campaña de 2016. El lunes, Trump calificó la causa presentada por el fiscal de Manhattan, Alvin Bragg, como “un fraude” y una “cacería de brujas”.

Los cargos giran en torno a 130,000 dólares que la compañía de Trump le dio a su abogado de entonces, Michael Cohen. Cohen pagó esa suma para evitar que la actriz porno Stormy Daniels revelara públicamente un encuentro sexual que ella dice que tuvo con Trump una década antes. Trump niega que ese encuentro sexual tuviera lugar.

Según los cargos, los pagos a Cohen fueron falsamente registrados como tarifas legales como parte de una trama para suprimir reportes noticiosos que dañaran la reputación de Trump en la contienda de 2016, particularmente en una época en que su reputación ya iba en deterioro por comentarios que hizo sobre las mujeres.