WASHINGTON. Donald Trump está presionando para que su juicio federal por interferencia electoral en Washington sea televisado, uniéndose a los medios de comunicación que dicen que el público estadounidense debería poder ver cómo se desarrolla este caso histórico.

Las normas de los tribunales federales prohíben la transmisión de los procedimientos, pero The Associated Press y otras organizaciones de noticias sostienen que el caso inédito de un expresidente juzgado por haber tratado de subvertir la voluntad de los votantes justifica hacer una excepción.

El Departamento de Justicia se opone argumentando que el juez que supervisa el caso no tiene autoridad para ignorar la antigua política nacional contra las cámaras en los tribunales federales. El juicio está programado para comenzar el 4 de marzo.

“Quiero que este juicio sea visto por todo el mundo”, dijo Trump el sábado durante un acto de campaña presidencial en Nueva Hampshire. “La fiscalía desea continuar esta parodia en la oscuridad y yo quiero la luz del sol”.

Los abogados de Trump escribieron en documentos judiciales presentados a última hora del viernes que todos los estadounidenses deberían poder observar lo que caracterizan como una persecución políticamente motivada del favorito para la nominación republicana para las elecciones presidenciales de 2024. La defensa también sugirió que Trump intentará utilizar el juicio como plataforma para repetir sus reivindicaciones infundadas de que le robaron las elecciones de 2020, que perdió ante el demócrata Joe Biden. Trump se ha declarado inocente.

“El presidente Trump está absolutamente de acuerdo. y de hecho exige que estos procedimientos sean completamente televisados para que el público estadounidense pueda ver de primera mano que este caso, al igual que otros, no es más que una farsa inconstitucional inventada que nunca debería permitirse que ocurra de nuevo”, escribieron los abogados de Trump.

La petición de un juicio televisado se produce cuando el caso de Washington se ha convertido en la amenaza legal más potente y directa para la fortuna política de Trump. Trump está acusado de maquinar ilegalmente la anulación de los resultados electorales en el período previo a los violentos disturbios en el Capitolio de Estados Unidos el 6 de enero de 2021, protagonizados por sus partidarios.

Trump ha intentado en repetidas ocasiones retrasar la fecha del juicio en Washington hasta después de las elecciones del 2024. Pero la jueza federal de distrito Tanya Chutkan, parece decidida a mantenerlo según lo previsto.

Los medios de comunicación escribieron en su petición a Chutkan el mes pasado que la falta de transparencia puede sembrar la desconfianza en el sistema judicial. Subrayaron que eso es especialmente peligroso en un caso en que “un electorado polarizado incluye a decenas de millones de personas que, según las encuestas de opinión, siguen creyendo que las elecciones de 2020 se decidieron por fraude”.

“Sería una gran pérdida que las futuras generaciones de estadounidenses se vieran privadas para siempre de poder acceder y ver los acontecimientos de este juicio incluso años después del veredicto, lo que mejoraría inconmensurablemente la capacidad de los futuros periodistas e historiadores para relatar con precisión y analizar de forma significativa este capítulo único de la historia de Estados Unidos”, escribió Rebecca Blumenstein, presidenta editorial de NBC News, en una petición judicial.

Algunos tribunales estatales permiten cámaras en sus salas. El público ha podido ver los procedimientos llevados a cabo por el juez que supervisa el caso electoral de Georgia contra Trump y 18 coacusados.

A los fotógrafos se les permitió tomar fotos de Trump dentro de la sala del tribunal durante su juicio por fraude civil en Nueva York, pero el juicio no ha sido televisado.

El Departamento de Justicia ha indicado que el conocimiento de que hay cámaras en la sala del tribunal puede afectar a los abogados y a los testigos de “maneras sutiles” y llevar a la grandilocuencia.

Los medios de comunicación habían pedido anteriormente a los responsables políticos de los tribunales federales que revisen las normas para permitir la transmisión, al menos en los casos en que exista un interés público extraordinario.