Una Corte Suprema profundamente dividida restableció el miércoles una orden de un tribunal inferior que requiere que la administración Trump libere la ayuda exterior congelada, aunque no estaba claro con qué rapidez comenzaría a fluir el dinero.

Por una votación de 5-4, la Corte rechazó una apelación de emergencia de la administración republicana, al mismo tiempo que indicó al juez federal de distrito Amir Ali que aclare su orden previa que exigía la liberación rápida de casi 2 mil millones de dólares en ayuda para trabajos que ya se habían realizado.

Aunque el resultado representa una derrota a corto plazo para la administración del presidente Donald Trump, los grupos sin fines de lucro y las empresas que demandaron siguen esperando el dinero que dicen que se les debe. Una de las organizaciones, la semana pasada, se vio obligada a despedir a 110 empleados debido a esto, según documentos judiciales.

El juez Samuel Alito encabezó a cuatro jueces conservadores en disidencia, diciendo que Ali no tiene la autoridad para ordenar los pagos. Alito escribió que está sorprendido de que la Corte esté recompensando “un acto de arrogancia judicial e imponga una multa de 2 mil millones de dólares a los contribuyentes estadounidenses.”

La acción de la Corte deja en su lugar la orden de restricción temporal de Ali, que había detenido la congelación del gasto, y Ali llevará a cabo una audiencia el jueves para considerar una pausa más duradera.

La mayoría señaló que la administración no impugnó la orden inicial de Ali, solo el plazo, que de todos modos ya había vencido la semana pasada.

La Corte le indicó a Ali que “aclara qué obligaciones debe cumplir el gobierno para asegurar el cumplimiento con la orden de restricción temporal, tomando en cuenta la viabilidad de cualquier cronograma de cumplimiento.”

El presidente de la Corte, John Roberts, y la jueza Amy Coney Barrett, dos conservadores, se unieron a los tres jueces liberales para formar la mayoría.

Los jueces Clarence Thomas, Neil Gorsuch y Brett Kavanaugh se unieron a la disidencia de Alito.

La administración Trump ha argumentado que la situación ha cambiado porque reemplazó una congelación general de gastos con determinaciones individualizadas que llevaron a la cancelación de 5,800 contratos de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional y otros 4,100 subsidios del Departamento de Estado por un total de casi 60 mil millones de dólares en ayuda.

El gobierno federal congeló la ayuda exterior después de una orden ejecutiva de Trump que apuntaba a lo que él llamó programas derrochadores que no corresponden a sus objetivos de política exterior.

La demanda que siguió alegó que la pausa viola la ley federal y ha detenido la financiación incluso de los programas más urgentes para salvar vidas en el extranjero.

Ali ordenó la restauración temporal de la financiación el 13 de febrero, pero casi dos semanas después descubrió que el gobierno no mostraba señales de cumplir y estableció un plazo para liberar el pago por trabajos ya realizados.

La administración apeló, calificando la orden de Ali como “increíblemente intrusiva y profundamente errónea” y protestando por el plazo para liberar el dinero.