La Comisión de Asuntos Jurídicos del Senado de Estados Unidos está considerando un nuevo código de ética para la Corte Suprema, en un intento de responder a las recientes revelaciones sobre las interacciones de los jueces con donantes adinerados.

Se espera que el panel de la Comisión vote hoy, jueves, por el proyecto que podría imponer nuevas reglas de ética en la corte y un proceso para hacerlas cumplir, incluidos nuevos estándares de transparencia en torno a recusaciones, obsequios y posibles conflictos de intereses.

Los demócratas impulsaron la legislación después de los informes a principios de este año de que el juez Clarence Thomas pasó vacaciones de lujo y participó en un acuerdo inmobiliario con un importante donante republicano, y después de que el presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, se negara a testificar ante el comité sobre la ética de la corte.

Desde entonces, informes noticiosos también revelaron que el juez Samuel Alito pasó unas vacaciones de lujo con un donante republicano. Y The Associated Press informó la semana pasada que la jueza Sonia Sotomayor, con la ayuda de su personal, ha adelantado la venta de sus libros a través de visitas a universidades durante la última década.

Pero pese a los esfuerzos, los republicanos se oponen argumentando que el proyecto podría “destruir” al máximo tribunal.

Al abrir la reunión del comité, el presidente de dicha instancia, el senador Dick Durbin, dijo que la legislación sería un “primer paso crucial” para restaurar la confianza en la corte.

A pesar de que la legislación de ética tiene pocas posibilidades de ser aprobada en el Senado, los demócratas dicen que la avalancha de revelaciones significa que se necesitan estándares exigibles en la corte.

La Corte Suprema “no ha podido arreglar su propio desorden”, dijo el senador demócrata Sheldon Whitehouse, de Rhode Island, el patrocinador principal del proyecto de ley de ética.

El expresidente Donald Trump nominó a tres jueces conservadores para la Corte Suprema y todos fueron confirmados cuando los republicanos eran mayoría del Senado, con una oposición considerable de los demócratas. Como resultado, la corte se ha desplazado bruscamente hacia la derecha, anulando el derecho nacional al aborto y otras prioridades liberales.