Texas, el estado donde se ha producido el segundo mayor tiroteo en un colegio de EE.UU. en una década, se convirtió hace casi un año en “santuario” de las armas de fuego de la mano de siete leyes firmadas por su gobernador, el republicano Greg Abbott.

El asesinato de 19 niños y dos profesoras en el colegio Robb Elemental de Uvalde (Texas) ha reactivado el eterno, y estéril, debate sobre las armas de fuego en EE.UU. entre los demócratas, que exigen regular su control, y los republicanos que abogan por no limitar su uso.

Esta tragedia ha tenido lugar en un estado donde en junio pasado Abbott firmó siete leyes estatales y prometió mantener Texas como “bastión de la libertad”.

“Texas será siempre líder en la defensa de la Segunda Enmienda (que protege el derecho a portar armas de fuego), que es por lo que hemos erigido una barrera en torno a los derechos de armas en esta sesión”, dijo Abbott durante la firma, flanqueado por representantes de la Asociación Nacional del Rifle (NRA, en inglés).

Esas normas entraron en vigor el pasado 1 de septiembre y permiten, entre otros, a los residentes de Texas portar armas de fuego en público sin necesidad de contar con un permiso, siempre y cuando sean mayores de 21 años.

También autorizan a los ciudadanos que cumplan la ley llevar legalmente un arma de mano sin licencia para portarla.

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Otra de las normas texanas permite a los huéspedes de hoteles guardar armamento en las habitaciones del alojamiento, mientras que otra impide a las instituciones gubernamentales contratar a empresas que discriminen a negocios u organizaciones de armas y municiones.

Asimismo, hay una regulación que elimina los requisitos sobre las fundas o cartucheras y deja que los dueños de las armas elijan las que prefieran.

Y hay otra que revoca la consideración como delito de la posesión, fabricación, transporte y reparación de silenciadores, además de garantizar que cualquiera de esos artilugios que haya sido producido en Texas y que se encuentre en ese estado no esté sujeto a ninguna norma federal.

Texas sancionó leyes que evitan que cualquier institución gubernamental prohíba la venta o transporte de armas de fuego o municiones durante una emergencia o un desastre; que protegen a los texanos de cualquier nueva legislación sobre control de armamento que emane del Gobierno federal y que blinda al estado frente a cualquier regulación nacional en ese sentido.