Los Ángeles. - En el condado de Los Ángeles, uno de los más prósperos de la nación, los tribunales les quitan cada año la licencia de conducir a decenas de miles de personas que no pueden pagar las multas por infracciones de tráfico y, al hacerlo, según abogados y activistas, las condenan a seguir en la pobreza.

De acuerdo a un informe titulado "Stopped, Fined, Arrested: Racial Bias in Policing and Traffic Courts in California", solo en el año 2014 los tribunales ordenaron la suspensión de más de 600,000 licencias en California, de las cuales cerca de 200,000 afectaban a residentes del condado angelino.

Los hechos fueron denunciados esta semana por las conductoras Gloria Mata Alvarado y Toneshawa Jones en una querella presentada contra el Tribunal Superior de Los Ángeles.

"Esta demanda señala un problema crítico que mantiene a la gente en la pobreza: la incapacidad para conducir", aseguró a Efe Clare Pastore, una de las abogadas de la acusación y catedrática de derecho en la Universidad del sur de California (USC).

En la querella las dos conductoras acusan al tribunal angelino de ejecutar políticas que se están cebando con las comunidades más pobres -principalmente los latinos y afroamericanos del sur de Los Ángeles, Compton, Long Beach, Lancaster y Palmdale-, a quienes "castigan" con multas extremadamente elevadas, hunden aún más en la pobreza y despojan de su derecho de pelear la suspensión de las licencias.

"Cuando una persona no paga una multa, el tribunal está obligado a determinar si la persona no pagó la multa de forma deliberada. Si son pobres y no tienen dinero para pagar, por definición, el impago no puede deberse a una acción deliberada por su parte", aseguró Antionette Dozier, representante legal de las querellantes y abogada del "Centro Oeste para la Ley y la Pobreza".

A pesar de que la "pobreza" exime del pago a los conductores sin medios económicos, Pastore explicó que los tribunales están suspendiendo las licencias.

Esto es precisamente lo que le ocurrió a Mata Alvarado quien, al igual que su marido, se encuentra incapacitada y sobrevive con 1.500 dólares al mes.

La hispana recibió una sanción de 712 dólares por no llevar abrochado el cinturón de seguridad en el coche. Aunque apeló a la buena voluntad del juez y obtuvo una reducción de 112 dólares, le fue imposible pagar los 600 dólares restantes o realizar servicio comunitario.

Así que, el tribunal ordenó al Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) de California que suspendiera su licencia.

Pastore explicó que la pérdida del carné tiene efectos devastadores para la economía y la vida de los pobres.

En una ciudad gigantesca como Los Ángeles que carece de una buena red de transporte público, el automóvil es fundamental para trabajar, llevar a los niños a la escuela o ir al hospital.

"Esta política pública (la de los tribunales) es terrible porque, sin una licencia, mucha gente pierde sus trabajos y, por tanto, la capacidad para pagar. Pero además es ilegal", denunció la letrada.

La abogada también recalcó que, cuando un conductor carece de fondos para afrontar una multa inicial, el tribunal comienza a agregar sobrecargos adicionales, lo dispara aún más la deuda.

Y, si finalmente el conductor no logra solventarla, el tribunal solicita la retirada de la licencia al DMV.

A raíz del abultado número de individuos afectados por la suspensión, un grupo de activistas envió una carta al DMV exigiendo que se revoque y se ponga un alto a la suspensión de las licencias.

"Hemos recibido la carta y la estamos revisando", confirmó a Efe Jessica Gonzalez, de la oficina de relaciones públicas del DMV.

"El DMV trabaja con esmero para garantizar que todo el mundo reciba un trato justo y, en este momento, estamos colaborando en un programa histórico de amnistía para multas de tráfico que no han sido pagadas", agregó esta portavoz.