Washington. El Tribunal Supremo de Justicia rechazó hoy viernes una apelación del expresidente Donald Trump relacionada con el uso de fondos asignados por el Congreso a gastos militares para la construcción de un muro en la frontera con México.

“La decisión de hoy surge después de que el Gobierno concediera que el muro de Trump era despilfarrador y destructivo”, indicó en una declaración la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU), que representó a los demandantes.

La construcción de un muro a lo largo de los 3,200 kilómetros de la frontera de Estados Unidos con México fue una de las principales promesas de Trump en su campaña presidencial de 2016 y de su gestión cuando llegó a la Casa Blanca en 2017.

Las vedas a viajeros de países con mayoría musulmana, la separación de miles de niños migrantes de sus familias y las expulsiones expeditas de personas que llegaban a la frontera pidiendo asilo fueron parte, junto con las obras del muro, de la política migratoria de Trump.

A comienzos de enero, esas obras habían completado barreras físicas en unos 750 kilómetros de la frontera.

Dado que el Congreso no le aprobó los fondos que Trump pedía para la obra, a comienzos de 2019 el entonces presidente declaró que había una emergencia en la frontera y reasignó para su proyecto miles de millones de dólares que el Congreso había aprobado para las Fuerzas Armadas.

La organización ambientalista Sierra Club y otros iniciaron querellas judiciales alegando que el presidente había excedido las atribuciones del Poder Ejecutivo violando el orden constitucional, según el cual es el Congreso el que asigna fondos.

La decisión del Tribunal Supremo “devuelve el caso a la corte de distrito para que el Sierra Club y la Coalición de Comunidades de la Frontera Sur (CCFS) busquen compensación legal por el daño que el muro ya ha causado”, indicó ACLU.

“La orden del Supremo no sugiere que el caso esté resuelto ni plantea dudas sobre las quejas de nuestros clientes, y ninguna parte ha argumentado que el caso sea nulo”, agregó ACLU. “Regresaremos a la corte de distrito para que el Sierra Club y CCFS puedan buscar compensación legal por el daño que el muro ya ha causado”.

Desde 2019 todos los tribunales involucrados en las demandas y apelaciones dictaminaron contra Trump, y el Tribunal del Noveno Distrito validó la orden de un tribunal que dejó en suspenso las obras en el muro durante el litigio.

En 2019 el Tribunal Supremo, a su vez, dejó en suspenso la decisión del Noveno con el argumento de que los demandantes no tenían atribuciones para demandar al Gobierno.

En 2020 el caso retornó al Tribunal Supremo, y esta vez el Sierra Club pidió a la corte que cancelara su suspensión, algo que los magistrados rechazaron.

A fines del año pasado el Gobierno de Trump retornó al Supremo alegando que el Sierra Club no tenía atribuciones para demandar al Gobierno federal y el Supremo fijó fecha para escuchar los argumentos a comienzos de 2021.

Para entonces Trump ya no estaba en la Casa Blanca y el Gobierno del nuevo presidente Joe Biden pidió al Tribunal Supremo que postergara la audiencia en la cual debían escucharse los argumentos.

Dado que la nueva Administración ha cambiado el rumbo de muchas de las medidas y políticas de Trump relacionadas con la inmigración, el caso se ha tornado fútil.