Washington. El Tribunal Supremo de Estados Unidos escuchó este martes argumentos sobre un par de casos en los cuales se disputa la atribución del Gobierno federal para mantener detenidos a inmigrantes indocumentados durante meses o incluso años sin una audiencia de fianza.

El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), que actualmente tiene bajo su custodia a unos 22,000 migrantes, llegó a tener un promedio diario de unas 40,000 personas detenidas hace dos años, antes del impacto de la pandemia de COVID-19.

Los inmigrantes indocumentados a menudo permanecen detenidos por períodos indefinidos a la espera de que sus casos lleguen a los tribunales de inmigración.

El atasco de los casos que esperan una decisión en las cortes de inmigración supera ya la cifra de 1.5 millones, según datos recopilados por el centro independiente Transactional Records Access Clearinghouse (TRAC), de la Universidad de Syracuse.

Los demandantes, en las dos causas pendientes, argumentan que los inmigrantes detenidos por más de seis meses tienen derecho a una audiencia de fianza en la cual un juez determine si han de permanecer bajo custodia.

En la audiencia el juez puede aprobar que al migrante se le deje en libertad bajo fianza y el monto de la misma, lo cual no significa que esa persona evitará la deportación. Simplemente deja al migrante bajo supervisión del Gobierno federal hasta que se concluya su trámite.

Los tribunales federales de apelación de los distritos Tercero y Noveno dictaminaron que esas audiencias deben ocurrir después de seis meses de detención, y que al Gobierno federal le compete demostrar que esos extranjeros representan un peligro para la seguridad pública o que existe el riesgo de que se escapen.

El Gobierno del presidente Joe Biden mantiene la opinión de su antecesor con el argumento de que la ley de inmigración no da a los inmigrantes el derecho a una audiencia, y la decisión que adopte el Supremo en los próximos meses afectará no sólo a los migrantes ahora detenidos sino la forma en que se litigarán los casos en el futuro.

En uno de los casos, titulado Garland vs González, los demandantes son un grupo de personas que habían sido deportadas de Estados Unidos pero retornaron por temor a la persecución o las torturas en sus países de origen.

Arturo Martínez, uno de los demandantes, alega que, después que fue deportado a México, fue secuestrado por agentes policiales, torturado y mantenido cautivo hasta el pago de rescate. Otro de los demandantes, Eduardo Gutiérrez, alega que fue torturado por pandilleros debido a su orientación sexual.

“Arturo, Eduardo y otros como ellos fueron examinados por un funcionario de asilo cuando retornaron a EE.UU. y se determinó que todos ellos tenían un reclamo válido de protección, y todos fueron referidos a los trámites legales para la decisión de sus casos”, comentó Michael Tan, de la Unión de Libertades Civiles (ACLU).

“Pero debido al atraso en el trámite de casos en los tribunales de inmigración, los casos se demoran años antes de llegar a una conclusión y esto significa que las personas permanecen detenidas por períodos muy largos”, añadió.

En el otro caso, titulado Johnson vs Arteaga Martínez, el inmigrante nacido en México ha ingresado ilegalmente a EE.UU. cuatro veces en las últimas dos décadas. Cuando en 2012 retornaba a Estados Unidos después de visitar a su familia, fue detenido y deportado de manera expedita.

Arteaga alega que en su país fue golpeado y asaltado por pandilleros que robaron su auto, lo dejaron atado y amordazado y amenazaron son matarle si hacía la denuncia a la policía, por lo cual cruzó la frontera una vez más.

En 2018, después de seis años de vida y trabajo en EE.UU. y cuando esperaba el nacimiento de su primer hijo, las autoridades de inmigración arrestaron nuevamente a Arteaga y lo pusieron en trámite de deportación.