El Tribunal Supremo de Florida desestimó este jueves suspender la ejecución prevista para el próximo 3 de octubre del reo Michael Duane Zack, tras rechazar el argumento de sus abogados de que éste sufrió “síndrome de alcoholismo fetal”.

La más alta instancia judicial de Florida confirmó así el fallo de agosto pasado de un juez de circuito del condado de Escambia (extremo noroeste del estado) contra Zack, preso desde 1996 por cometer un doble asesinato.

Los abogados de Zack sostienen en su petición que su cliente debe ser exonerado de la ejecución a causa del “síndrome de alcoholismo fetal que padeció” durante el embarazo de su madre, y apelan al dictamen de la Corte Suprema de Estados Unidos que dictamina que ejecutar a personas con discapacidad intelectual es inconstitucional.

Así, los abogados de Zack argumentan que el síndrome de alcoholismo fetal le causó al reo una discapacidad intelectual.

De no mediar una orden de suspensión de la ejecución, a Zack se le aplicará la inyección letal a las seis de la tarde del próximo 3 de octubre, según la orden firmada ya por el gobernador de Florida, el republicano Ron DeSantis.

Esta será la sexta ejecución en Florida en lo que va de año.

El sentenciado a la pena capital fue arrestado en junio de 1996 tras matar a Laurie Rosillo y Ravonne Smith en el Panhandle (noroeste) floridano, en el transcurso de una escalada criminal por las que fue hallado culpable de asesinato en primer grado por ambos casos.

Zack fue sentenciado a cadena perpetua por la muerte de Rosillo y a la pena capital por la de Smith.

De concretarse la ejecución de Zack, será la número 105 desde que en 1976 se restableció la pena capital en Florida, donde actualmente hay 300 presos en el “corredor de la muerte”, tres de ellos mujeres.

Desde 1973, más de 190 personas han sido liberadas del corredor de la muerte en Estados Unidos por evidencias de su inocencia, siendo Florida, con 30 exonerados de la pena capital, el estado con mayor número, seguido de Illinois (22) y Texas (16).

Será también la octava ejecución que se realice en Florida durante el mandato del gobernador DeSantis, quien sacó adelante una reforma judicial que permite la mayoría simple, y no la unanimidad, para la imposición de la pena capital en este estado.