Los cinco magistrados conservadores del Tribunal Supremo se alinearon hoy para avalar el uso de un polémico sedante utilizado en las inyecciones letales y garantizar así la continuidad de la pena de muerte.

De este modo, con cinco votos a favor y cuatro en contra, el Supremo falló en contra de tres presos condenados a muerte en Oklahoma, que alegaban que el uso del sedante midazolam viola la Octava Enmienda de la Constitución, que protege a los ciudadanos de "castigos crueles o inusuales".

Este alegato tiene su origen en la ejecución en abril de 2014 de Clayton Lockett en Oklahoma, que agonizó durante 43 minutos después de que le suministraran una inyección defectuosa y cuyo caso suscitó mucha polémica en el país.

El magistrado conservador Samuel Alito afirmó hoy que "los testimonios aportados por las dos partes apoyan la conclusión de que el midazolam puede garantizar que una persona sea insensible al dolor".

Además, el juez argumentó que los querellantes no han propuesto "un método alternativo, conocido y disponible de ejecución" al midazolam.

Por su parte, la jueza Sonia Sotomayor, junto a sus tres colegas progresistas, apuntó que la petición de un método conocido y alternativo citado por Alito "lleva a consecuencias claramente absurdas".

"Como los demandantes han sido incapaces de demostrar la disponibilidad de un medicamento alternativo, el estado puede ejecutarlos por cualquier medio. La Octava Enmienda no puede tolerar esta conclusión", agregó Sotomayor.

Por su parte, el juez progresista Stephen Breyer fue más allá y se cuestionó la constitucionalidad de la pena de muerte como castigo.

"En lugar de arreglar las fallas legales de la pena de muerte una a una, me gustaría celebrar una sesión para discutir una pregunta más básica: si la pena de muerte viola la Constitución", apuntó Breyer.

Sentencia en mano, Oklahoma tiene ahora luz verde para volver a ejecutar y los primeros en la lista son Richard Glossip, John Grant y Benjamin Cole, los presos que interpusieron la demanda.

El caso de Glossip se remonta a 1997, cuando el preso pagó 10.000 dólares a un excompañero del hotel del que había sido despedido para que asesinara a su propietario, Alan Van Treese, según la sentencia.

Grant, por su parte, está condenado a muerte por el asesinato en 1998 de un trabajador de la cafetería de la cárcel donde cumplía condena por varios robos, mientras que Cole mató a su hija de nueve meses en 2002 porque le molestaba su llanto, según confesó.

"Las familias en estos tres casos llevan esperando 48 años a que se haga justicia. Ahora que las cuestiones jurídicas se han resuelto, el estado procederá para que se haga justicia con las víctimas de estos crímenes trágicos y horribles", dijo en un comunicado el procurador general de Oklahoma, Scott Pruitt.

Pruitt ya inició el procedimiento para fijar nuevas fechas de ejecución para los tres casos.

Florida, Ohio y Arizona son, a parte de Oklahoma, los otros estados que en 2013 empezaron a utilizar midazolam en sus inyecciones letales y que tienen luz verde para retomar las ejecuciones.

Oklahoma y Florida son, junto a Texas y Misuri, los estados que más han aplicado la pena capital en los últimos años.

El 85 % de las ejecuciones efectuadas desde 2013 tuvieron lugar en esos cuatro estados.

Alabama, Virginia, Luisiana y Kentucky, por su parte, han mostrado interés por utilizar el midazolam por primera vez.

La sentencia de hoy supondrá un "repunte" de ejecuciones durante el segundo semestre del año, según explicó a Efe el director de programa del Observatorio Death Penalty Information Center (DPIC), Richard Dieter.

Durante el primer semestre fueron 17 los presos ejecutados: nueve en Texas, cuatro en Misuri, dos en Georgia y los otros dos en Oklahoma y Florida, lo que supuso la cifra más baja en más de dos décadas.

Desde que el Tribunal Supremo reinstauró la pena de muerte en 1976, han sido ejecutados en Estados Unidos 1.411 presos, 1.236 de ellos con una inyección letal.