Washington. El Tribunal Supremo de Estados Unidos resolvió el viernes que los funcionarios públicos pueden ser demandados en determinadas circunstancias, por bloquear en las redes a gente crítica con ellos, aunque en otro caso distinto también autorizó a esos trabajadores a vetar a ciertas personas.

La jueza Amy Coney Barrett recalcó en su escrito que los cargos públicos que usen sus cuentas personales para lanzar declaraciones oficiales pueden no verse libres de borrar comentarios sobre esos mensajes o directamente de bloquear a quienes los critican.

“Algunas veces la línea entre una conducta privada y una acción estatal es difícil de trazar. (...) Cuando un cargo público usa las redes sociales, definitivamente es necesario evaluarlo de cerca para categorizarlo”, subrayó la magistrada.

En uno de los casos que llegaron hasta la corte, James Freed, gestor de la ciudad de Port Huron, en Míchigan, usó la página Facebook que creó cuando estaba en la universidad para comunicarse con los ciudadanos, aunque también la usaba para contar detalles de su vida.

Un residente puso en esa cuenta críticas a la respuesta de la ciudad a la pandemia de covid y Freed lo bloqueó y borró sus comentarios. En un tribunal inferior, el gestor vio respaldada su decisión.

“Un funcionario público que no mantiene mensajes personales en un lugar claramente designado se expone a mayores potenciales responsabilidades”, dijo el Supremo, que aseguró no coincidir con la resolución de la anterior corte y autorizó que el caso siga adelante.

Para el Supremo, los discursos de los funcionarios gubernamentales pueden estar sujetos al escrutinio de la Primera Enmienda, la que protege la libertad de expresión, solo cuando tienen la autoridad para hablar en nombre del Estado y pretendían ejercer esa autoridad.

Un caso similar había afectado al expresidente estadounidense y actual candidato de nuevo a la presidencia, Donald Trump, por bloquear a usuarios en X (entonces Twitter).

Un tribunal de Nueva York le dio la razón, pero para cuando el recurso llegó al Supremo, Trump ya había abandonado el poder y la corte desestimó el caso en abril de 2021 al considerar que este ya era algo irrelevante.