SEATTLE. Un segundo juez federal ha bloqueado el esfuerzo del presidente estadounidense Donald Trump para poner fin a la ciudadanía por derecho de nacimiento para los hijos de padres que están en Estados Unidos de manera ilegal, y criticó lo que describió como el intento del gobierno de ignorar la Constitución para obtener ganancias políticas.

El juez federal de distrito, John C. Coughenour, de Seattle, puso en pausa el jueves la orden de Trump por la duración de una demanda presentada por cuatro estados y un grupo de derechos de los inmigrantes que la impugnan. Su fallo se produjo un día después de que un juez federal de Maryland emitió una decisión en un caso separado, pero similar, que involucra a grupos defensores de derechos de migrantes y mujeres embarazadas cuyos hijos próximos a nacer podrían verse afectados.

La orden ejecutiva del presidente Trump busca terminar con la concesión automática de ciudadanía a los niños nacidos en suelo estadounidense de padres que se encuentran en el país de manera ilegal o de manera temporal, pero legal, como aquellos con visas de estudiante o turista. Por ahora, está en pausa. El miércoles, la jueza federal de distrito, Deborah Boardman en Maryland, emitió una orden judicial que mantiene la orden en pausa a largo plazo, hasta que se resuelvan los méritos del caso, a menos que logre prosperar una apelación por parte del gobierno de Trump.

Tras una audiencia del jueves, Coughenour, quien fue designado por el expresidente Ronald Reagan y que ha estado en el cargo desde 1980, emitió su propia orden judicial. Trump simplemente está tratando de enmendar la 14ta Enmienda —que otorga ciudadanía a los nacidos en EEUU y sujetos a su jurisdicción— por razones políticas, dijo el juez.

“El estado de derecho es, según él, algo para navegar alrededor o algo ignorado, ya sea por ganancia política o personal”, dijo Coughenour. “En esta sala de justicia y bajo mi vigilancia, el estado de derecho es un faro brillante, que tengo la intención de seguir”.

La orden judicial de Coughenour se produjo dos semanas después de que señalara que la orden de Trump era “abiertamente inconstitucional” y emitiera una orden temporal de restricción de 14 días bloqueando su implementación.

Se tiene previsto que el Departamento de Justicia apele las órdenes judiciales.

¿Qué pasa con los otros casos que impugnan la orden del presidente?

En total, 22 estados, así como otras organizaciones, han demandado para tratar de impedir la implementación de la acción ejecutiva. Dicen que si entra en vigor, podría crear una subclase de residentes esencialmente apátridas.

El asunto ante el juez de Seattle involucra a cuatro estados: Arizona, Illinois, Oregon y Washington. Ha sido consolidado con una demanda presentada por el Proyecto de Derechos de los Inmigrantes del Noroeste en nombre de una clase propuesta de padres expectantes que están en Estados Unidos ilegalmente. Dieciocho estados, encabezados por Iowa, presentaron un escrito amicus curiae apoyando la posición del gobierno de Trump en el caso.

Hay otra audiencia programada para el viernes en un tribunal de Massachusetts. Ese caso involucra a un grupo diferente de 18 estados que impugnan la orden, incluido Nueva Jersey, que es el demandante principal. Otra querella, presentada por la Unión Americana de Libertades Civiles, se va a presentar ante un juez federal de Nueva Hampshire el lunes.

¿Cuál es el problema?

En el centro de las demandas está la 14ta Enmienda de la Constitución, ratificada en 1868 después de la Guerra Civil y la decisión de la Corte Suprema en el caso Dred Scott, que sostuvo que Scott, un hombre esclavizado, no era ciudadano a pesar de haber sido llevado a un estado donde la esclavitud estaba prohibida.

La enmienda establece que “todas las personas nacidas o naturalizadas en Estados Unidos y sujetas a su jurisdicción, son ciudadanos de Estados Unidos y del Estado en el que residen”.

El gobierno de Trump, que ha buscado limitar la inmigración ilegal, ha afirmado que los no ciudadanos no están “sujetos a la jurisdicción” de Estados Unidos y sus hijos nacidos en el territorio estadounidense no tienen derecho a la ciudadanía.

“La Constitución no alberga una cláusula de ganancia inesperada que otorgue la ciudadanía estadounidense a... los hijos de aquellos que han eludido (o desafiado abiertamente) las leyes federales de inmigración”, argumentó el gobierno en respuesta a la demanda de Maryland.

Los demandantes señalaron que eso era absurdo y afirmaron que los inmigrantes que se encuentran en el país de manera ilegal están obligados a pagar impuestos y cumplir la ley, y que los hombres de 18 a 26 años que están en el país ilegalmente aún están obligados a registrarse en el Sistema de Servicio Selectivo, lo que significa que podrían ser reclutados para luchar por Estados Unidos en una guerra.

“Es patéticamente absurdo que los demandados sostengan que una persona que puede ser reclutada en el ejército —obligada a luchar por este país— no está sujeta a su jurisdicción”, le dijo Matt Adams, director legal del Proyecto de Derechos de los Inmigrantes del Noroeste, a Coughenour.

El significado liso y llano de la 14ta Enmienda ha sido reconocido desde que fue ratificada, notablemente en una decisión de 1898 de la Corte Suprema. Esa decisión, Estados Unidos contra Wong Kim Ark, sostuvo que los únicos niños que no recibían automáticamente la ciudadanía estadounidense al nacer en suelo estadounidense eran los hijos de diplomáticos, que tienen lealtad a otro gobierno; enemigos presentes en el país durante una ocupación hostil; aquellos nacidos en barcos extranjeros, y aquellos nacidos de indígenas norteamericanos.

En 1924, el Congreso aprobó una ley separada que otorgaba la ciudadanía por derecho de nacimiento a los indígenas norteamericanos.

Estados Unidos se encuentra entre unos 30 países donde existe la ciudadanía por derecho de nacimiento —el principio de jus soli o “derecho del suelo”. La mayoría están en el continente americano, y Canadá y México están entre ellos.