Secretario de Defensa anula acuerdo de culpabilidad para cerebro de los atentados del 9/11
Familiares de las víctimas se opusieron a la transacción que estipulaba penas de cadena perpetua para el acusado principal y dos de sus cómplices.
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WASHINGTON. El secretario de Defensa, Lloyd Austin, anuló el viernes el acuerdo de culpabilidad alcanzado a principios de esta semana con el autor intelectual de los atentados del 11 de septiembre de 2001 y otros dos acusados, reinstaurando los casos de pena de muerte.
La decisión se produce dos días después de que la comisión militar de Guantánamo (Cuba) anunciara que había llegado a un acuerdo con Khalid Sheikh Mohammed y dos cómplices de los atentados, Walid bin Attash y Mustafa al-Hawsawi.
Las cartas enviadas a las familias de las casi 3,000 personas muertas en los atentados de Al Qaeda, indicaban que el acuerdo estipulaba que los tres cumplirían cadena perpetua.
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Algunas familias de las víctimas de los atentados condenaron el acuerdo por eliminar toda posibilidad de juicios completos y posibles penas de muerte. Los republicanos se apresuraron a culpar al gobierno de Biden por el acuerdo, aunque la Casa Blanca declaró tras su anuncio que no tenía conocimiento del mismo.
Austin escribió en una orden publicada el viernes por la noche que “a la luz de la importancia de la decisión”, había decidido que la autoridad para tomar una decisión sobre la aceptación de los acuerdos era suya. Anuló los acuerdos.
Se esperaba que Mohammed y los demás acusados presentaran formalmente sus declaraciones de culpabilidad en virtud del acuerdo tan pronto como la próxima semana.
La comisión militar estadounidense que supervisa los casos de cinco acusados de los atentados del 11 de septiembre lleva estancada en audiencias previas al juicio y otras actuaciones judiciales preliminares desde 2008. Las torturas a las que fueron sometidos los acusados mientras estaban bajo custodia de la CIA han retrasado los casos y han dejado la perspectiva de juicios completos y veredictos aún incierta, en parte debido a la inadmisibilidad de pruebas relacionadas con las torturas.