Se defiende juez del Tribunal Supremo de EE. UU. sobre viajes de lujo
Clarence Thomas aseguró que no tenía que reportar los regalos que le hizo un donante del Partido Republicano porque se trata de un amigo.
Nota de archivo: esta historia fue publicada hace más de 1 año.
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El juez del Tribunal Supremo de Estados Unidos Clarence Thomas justificó este viernes que no estaba obligado a reportar los viajes de lujo que ha hecho durante años pagados por un donante del Partido Republicano porque eran una “forma de hospitalidad de un amigo”.
En un comunicado tras conocerse el escándalo de sus vacaciones, el juez explicó que el conocido donante republicano y magnate inmobiliario Harlan Crow ha sido durante los últimos 25 años uno de sus “amigos más queridos” con el que ha hecho “varios viajes familiares”.
“Cuando entré al Supremo, pregunté a mis colegas y a otros miembros del Poder Judicial y se me informó de que no tenía que reportar este tipo de hospitalidades por parte de amigos personales no vinculados con el tribunal”, dijo.
Thomas aseguró que se ha “esforzado para cumplir ese consejo” y respetar las normas de transparencia desde que fue nombrado en 1991 como juez del Supremo por el presidente republicano George H.W. Bush (1989-1993).
Sin embargo, prosiguió Thomas, el Poder Judicial actualizó el mes pasado el reglamento interno, por lo que su intención es “cumplir con la normativa de cara al futuro”.
La organización de investigación periodística ProPublica reveló el jueves que durante más de dos décadas Thomas, uno de los jueces más conservadores del alto tribunal, aceptó todos los viajes que le ofreció Crow.
Sus pesquisas, basadas en entrevistas y documentos internos, apuntan que Thomas ha recorrido el mundo en el superyate de Crow, ha viajado con él en su avión privado y ha ido con él a un exclusivo resort solo para hombres en California, además de viajar al rancho del magnate en el este de Texas.
Thomas, además, tiene por costumbre pasar una semana todos los veranos en un resort privado que Crow tiene en las montañas de Adirondack, en el noreste del estado de Nueva York.
El juez no incluyó esos viajes en los informes financieros que debe entregar al Tribunal Supremo en cumplimiento con una ley anticorrupción que fue aprobada tras el escándalo del Watergate en la década de 1970.