Nueva York. Un latino de Connecticut, preso hace tres años por un triple asesinato y en espera de juicio que se ha pospuesto por la pandemia, pidió este viernes a la Corte Suprema del estado que decida si su derecho y el de otros presos a un juicio rápido ha sido violado.

Sergio Correa, arrestado en 2018 y que no ha podido pagar una fianza de 3.35 millones de dólares tras ser acusado por el asesinato de tres miembros de una familia de Connecticut el año anterior, ha intentado sin éxito que su caso llegue ante un jurado, señala este viernes el Hartford Courrant.

El juicio contra Correa estaba previsto para comenzar en marzo de 2020, casi dos años después de su arresto, pero fue pospuesto debido al cierre de los tribunales por la covid, tras lo cual se le ha negado en cuatro ocasiones, la más reciente a principios de mayo, su reclamo para que finalmente se le lleve al banquillo de los acusados.

En la última negativa, el juez Hunchu Kwak indicó que las decisiones sobre cuándo y cómo reanudar los juicios con jurado en los tribunales estatales serán tomadas por administradores del poder judicial estatal y no por jueces individuales, agrega el diario.

El medio estima que Correa, representado por defensores públicos, es el primer acusado en pedir a la Corte Suprema un fallo sobre la base de que una negación indefinida del derecho a un juicio rápido relacionada con una pandemia es una cuestión de “interés público sustancial”.

“Uno de los derechos más preciados y fundamentales de un acusado es el derecho a un juicio rápido”, señalan los abogados de Correa en los documentos presentados hoy ante la Corte Suprema de Connecticut.

“La suspensión actual de los juicios con jurado en Connecticut no solo es inconstitucional, sino injustificada”, agregan.

Recuerdan que el gobernador Ned Lamont ya ha suavizado las restricciones por la pandemia que permiten a la gente reunirse “y sin embargo, el poder judicial continúa privando a los acusados de juicios con jurado”.

El juez administrador de las cortes, Patrick L. Carroll, no ha informado aún cuándo retomarán sus funciones con normalidad.

Correa está acusado en este caso con su hermanastra, Ruth, que está cooperando con las autoridades a cambio de una pena de prisión de 40 años.