Nueva York. La compañía gubernamental Petróleos de Venezuela SA (PDVSA) presentó este miércoles en un tribunal de Manhattan una denuncia contra el excongresista de Florida David Rivera en relación a un contrato de consultoría firmado entre ambos por valor de 50 millones de dólares, después de no haber recibido los servicios acordados, según la acusación.

Como parte del acuerdo firmado entre PDVSA y Rivera, el político recibiría los 50 millones de dólares en un periodo de tres meses a cambio de “servicios de consultoría estratégicos” en 2017 para tratar de mejorar su reputación entre los legisladores estadounidenses que podían ayudar a su supervivencia en un momento en que la compañía se encontraba en serias dificultades económicas.

Rivera, un ciudadano cubano-estadounidense que durante su carrera política adoptó una posición radicalmente anticomunista, fue entonces contratado por el gobierno socialista venezolano que encabeza Nicolás Maduro.

Como parte del acuerdo, una subsidiaria de PDVSA en Estados Unidos afirma que pagó 15 millones de dólares a la consultora de Rivera, Interamerican Consulting, pero a cambio de esa importante suma de dinero recibió solo dos informes que sumaban cinco páginas en total, según señala la denuncia por incumplimiento de contrato presentada.

La empresa, dice el documento “no llevó a cabo ningún servicio de relevancia bajo el acuerdo, y desde luego no desarrolló el nivel de servicios que razonablemente podrían esperarse de unas tasas aproximadas de 17 millones de dólares al mes”.

Con la denuncia presentada, PDVSA pretende recuperar los 15 millones más intereses que le llegó a desembolsar a Interamerican Consulting en tres pagos de 5 millones entre marzo y abril de 2017, además de una compensación por daños.

El caso también ha llamado la atención por el hecho de que Rivera, que ya había sido investigado en ocasiones anteriores por irregularidades en la financiación de su campaña, aceptara trabajar para el estado venezolano dada su oposición frontal al comunismo.

Además, durante su legislatura en el congreso, el político apoyó la expulsión del cónsul de Venezuela en Miami, y mantiene una estrecha amistad con el senador Marco Rubio, el republicano que impulsó las sanciones contra la administración de Maduro.