Nueva York. Un segundo juez federal bloqueó el viernes temporalmente la congelación de todas las subvenciones y préstamos federales del Gobierno republicano de Donald Trump, que decidió rescindir la medida tras un veto previo de otro magistrado.

El juez John McConnell Jr., de Rhode Island, ordenó el bloqueo respondiendo a una demanda de los fiscales generales de 22 estados y el Distrito de Columbia, que argumentaron que esa medida causaría “daños graves e irreparables” en sus jurisdicciones.

El bloqueo de la congelación de fondos no especifica su duración y afecta a los estados de los fiscales denunciantes, en su mayoría de gobierno demócrata, encabezados por Nueva York, California e Illinois, más algunos de gobierno republicano, como Nevada o Carolina del Norte.

Según el texto, los fiscales señalaban que la directiva de Trump cortaría la ayuda destinada a las zonas devastadas por incendios en California e inundaciones en Carolina del Norte, entre otros argumentos para su paralización.

McConnell establece que la Administración Trump no debe “pausar, congelar, impedir, bloquear, cancelar o eliminar” fondos cuya distribución ya ha sido establecida por el Congreso, y le advierte de que no puede intentarlo “bajo ningún otro nombre o título”.

El fallo se produce después de que la jueza Loren L. AliKhan, del Distrito de Columbia, ordenara este pasado martes bloquear la directiva durante una semana y de que el miércoles la Casa Blanca decidiera rescindirla en medio de mensajes confusos por parte de su portavoz.

“El memorando M-25-13 de la Oficina de Administración y Presupuesto (OMB, en inglés) queda rescindido”, indicó esta misma oficina, encargada de la directiva, el miércoles.

El Gobierno había argumentado que la directiva era necesaria para garantizar la conformidad de los fondos con las recientes órdenes ejecutivas de Trump, que incluyen restricciones a los derechos de las personas transgénero y recortes en programas de diversidad, equidad e inclusión (DEI, por sus siglas en inglés).

La congelación de fondos ponía en riesgo el desembolso de miles de millones de dólares para diversos programas, incluidos los préstamos estudiantiles, y podía tener un impacto negativo en la investigación sanitaria, la asistencia alimentaria y la financiación de organizaciones de apoyo a veteranos y personas con discapacidad.