La fiscal general de Nueva York, Letitia James, y una treintena de organizaciones de derechos pidieron este miércoles al Gobierno de Estados Unidos que investigue las medidas aprobadas en Texas para perseguir a quienes ofrecen tratamientos de afirmación de género a menores con el argumento de que se trataría de “abuso infantil”.

James, que remitió una carta al Departamento de Justicia, explicó que considera que esa postura aprobada recientemente por el gobernador de Texas, Gregg Abbott, es “discriminatoria” y “potencialmente ilegal”.

“Seamos claros: los tratamientos de afirmación de género no son abuso infantil. Es una forma clave de atención sanitaria que permite a los niños trans vivir vidas sanas y felices”, señaló en una nota la fiscal demócrata.

James calificó la directiva adoptada por Abbott como “cruel” y consideró que viola los derechos civiles de los menores transgénero.

Su carta al Departamento de Justicia cuenta con el respaldo de 29 grupos de defensa de derechos, que se han movilizado recientemente en respuesta a las medidas aprobadas por el gobernador republicano de Texas.

Potentes organizaciones como la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por su sigla en inglés) y Human Rights Watch (HRW) habían criticado ya con dureza la intención de Texas de investigar los procesos de cambio de sexo en menores de edad como si se trataran de casos de abuso infantil, lo que podría llevar a condenas contra médicos y padres.

La orden del gobernador llegó después de una opinión emitida por el fiscal general texano, Ken Paxton, quien consideró que los tratamientos médicos de transición en menores, incluidas las terapias hormonales, pueden constituir abuso infantil.

Según HRW, la medida pone en peligro los derechos de los niños trans al “criminalizar” la transición de género en menores.

“Los padres en Texas están aterrorizados de que, simplemente por amar y apoyar a sus hijos, puedan ser denunciados ante los Servicios de Protección Infantil”, señaló la semana pasada la organización, que también denunció los planes para “leyes antitrans” de este tipo en al menos doce estados del país.