Los Ángeles. El Tribunal del Noveno Circuito de Apelaciones de Estados Unidos dictaminó que la detención prolongada en California de personas que han sido declaradas incompetentes para ser juzgadas debido a una discapacidad psiquiátrica o intelectual viola su derecho al debido proceso, lo que supone un victoria para estos detenidos, advirtió este miércoles la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU).

El fallo entregado la noche del martes por el Tribunal con sede en San Francisco, California, se refiere a una demanda presentada por ACLU en 2016.

La querella legal exigía a las autoridades estatales reducir las largas demoras que enfrentan los acusados que han sido declarados incompetentes para enfrentar un juicio para ser trasladados de la cárcel del condado a las instalaciones de tratamiento adecuadas.

Michael Risher, abogado ACLU del Norte de California, explicó en un comunicado que “el Tribunal afirma que estos detenidos deben tener acceso a un tratamiento oportuno” y “destaca la necesidad de que la Legislatura aborde las causas fundamentales de esta crisis de una vez por todas”.

La decisión del Tribunal confirmó una sentencia de marzo de 2019 de la Corte Superior de Alameda que dictaminó que el estado de California había “fallado sistemáticamente en brindar el debido proceso” a los acusados incompetentes y que debe admitirlos para recibir tratamiento dentro de los 28 días posteriores a la recepción de los documentos pertinentes de la corte.

En ese sentido, Summer Lacey, directora de justicia penal de ACLU del sur de California, valoró que el fallo destaca aun más la necesidad de adoptar “enfoques de atención de rehabilitación basados en la comunidad”.

Según datos recientes proporcionados por ACLU, aproximadamente 4,000 personas por año que son declaradas incompetentes para ser juzgadas son recluidas en cárceles de los condados californianos, entre ellas muchos latinos.

Estos acusados son colocados en una lista de espera para ser admitidas por las autoridades de salud.

Durante la pandemia de COVID-19, la lista de espera para la admisión a un hospital se disparó a más de 1,600 personas detenidas en las cárceles, un aumento de 500 % desde 2013.