En tres ocasiones en los últimos cuatro años, los fiscales de Nebraska han buscado penas de muerte y en cada intento han tenido éxito. Y dentro de unos meses, dos personas más que fueron declaradas culpables por un homicidio espeluznante también podrían recibir esa condena.

Pero a medida que el estado aumenta su población en el pabellón de la muerte, abogados, jueces y funcionarios penitenciarios que supervisan el sistema de pena capital ignoran el hecho de que el estado no cuenta con los fármacos utilizados en la inyección letal y es muy probable que no los consiga en años, si es que los consigue. Aquellos sentenciados a muerte tienen una mayor probabilidad de fallecer por causas naturales que de ser ejecutados.

Mientras Estados Unidos sigue dividido en torno a la pena capital, Nebraska destaca por su peculiar versión de la institución: Sigue aferrada a la idea de ejecutar a los prisioneros, pero no a la parte práctica de hacerlo. El estado se encuentra en medio de un intenso debate entre la legislatura y los activistas sobre cómo enfrentar el tema.

Tal como el reverendo Stephen Griffith, un importante activista en contra de la pena de muerte, lo explicó: “Realmente estamos siendo hipócritas. Decimos que Nebraska tiene pena de muerte cuando, funcionalmente, no la tenemos”.

Veintisiete estados permiten la penal capital, pero muchos han tenido problemas en los últimos años para obtener los fármacos que se utilizan para ejecutar a los reclusos debido a que la mayoría de los fabricantes ahora se rehúsan a suministrarlos. Mientras que otros 12 estados respondieron a la indecisión manteniendo a sus proveedores en secreto, la Corte Suprema de Nebraska desechó su política de secreto luego de que el estado la utilizó para ejecutar a un recluso en 2018.