FRANKFORT, Kentucky. Una mujer embarazada de Kentucky que presentó una demanda exigiendo el derecho al aborto, se enteró de que su embrión ya no tiene actividad cardíaca, dijeron sus abogados el martes.

Los abogados de la demandante señalaron su intención de continuar el desafío a la prohibición casi total del aborto en Kentucky, pero no comentaron de inmediato qué efecto tendría el desarrollo en la demanda.

La demanda se presentó la semana pasada ante un tribunal estatal de Louisville. La demandante, identificada únicamente como Jane Doe, solicitaba el estatus de demanda colectiva para incluir a otras residentes de Kentucky que estuvieran o fueran a quedar embarazadas y quisieran abortar. Según la demanda presentada la semana pasada, estaba embarazada de unas ocho semanas.

La avalancha de mujeres individuales que solicitan a un tribunal permiso para abortar es el último acontecimiento desde la anulación de Roe contra Wade el año pasado. El caso de Kentucky es similar a una batalla legal que está teniendo lugar en Texas, donde Kate Cox, una mujer embarazada con una enfermedad probablemente mortal, lanzó un desafío sin precedentes contra una de las prohibiciones del aborto más restrictivas de Estados Unidos.

Pero a diferencia del caso de Texas, poco se sabe de la demandante de Kentucky. Sus abogados han insistido en que protegerán ferozmente la intimidad de su cliente, subrayando que Jane Doe cree que “todo el mundo debería tener derecho a tomar decisiones en privado y a tomar decisiones para sus propias familias”, declaró la semana pasada Amber Duke, directora ejecutiva de la ACLU de Kentucky. Su equipo jurídico también se negó a revelar si Jane Doe seguía necesitando un aborto.

En su lugar, los abogados de Jane Doe instaron a otras mujeres embarazadas que deseen abortar en ese estado, a que se pongan en contacto con ellos si están interesados en unirse al caso. La demanda afirma que la prohibición casi total del aborto en Kentucky viola los derechos de la demandante a la intimidad y a la autodeterminación en virtud de la Constitución del Estado.

“Jane Doe solicitó un aborto en Kentucky y, al no poder conseguirlo, se presentó valientemente para impugnar la prohibición del aborto en el estado”, declaró en un comunicado Brigitte Amiri, subdirectora del Proyecto de Libertad Reproductiva de la ACLU. “Aunque decidió abortar, el gobierno le negó la libertad de controlar su cuerpo. Innumerables habitantes de Kentucky se enfrentan cada día al mismo perjuicio como consecuencia de la prohibición del aborto.”

Según los documentos judiciales, Jane Doe tuvo una cita médica el 8 de diciembre -después de que se presentara la demanda- en la que no se descubrió actividad cardiaca tras realizarle una ecografía.

En el caso de Texas, Cox, de 31 años y madre de dos hijos, había solicitado permiso judicial para interrumpir su embarazo en un estado en el que el aborto sólo está permitido en contadas excepciones cuando la vida de la madre corre peligro, no en caso de anomalías fetales. Antes de que el Tribunal Supremo de Texas rechazara el lunes la petición de Cox, sus abogados dijeron que había abandonado el estado para abortar en otro lugar porque no podía esperar más por temor a que seguir embarazada pusiera en peligro su salud y su capacidad para tener más hijos.

Aunque se cree que Cox es la primera en presentar una solicitud de este tipo, su equipo jurídico y otros expertos prevén otras impugnaciones en la docena de estados controlados por el Partido Republicano en los que el aborto está ampliamente prohibido en todas las fases del embarazo. Mientras tanto, en todo el país se están produciendo un puñado de impugnaciones legales separadas que ponen de relieve las historias de mujeres a las que se les denegó el aborto mientras se enfrentaban a terribles complicaciones en el embarazo.

A principios de este año, el Tribunal Supremo de Kentucky se negó a detener la prohibición casi total del aborto en el estado y otra que prohibía el aborto después de la sexta semana de embarazo. Los jueces se centraron en cuestiones jurídicas limitadas, pero no resolvieron cuestiones constitucionales más amplias sobre si el acceso al aborto debe ser legal en el estado.

El desafío legal gira en torno a la prohibición casi total de la ley gatillo de Kentucky y una prohibición separada de seis semanas, ambas aprobadas por mayorías legislativas republicanas. La ley gatillo se aprobó en 2019 y entró en vigor cuando Roe v. Wade fue anulado en 2022. Prohíbe los abortos excepto cuando se realizan para salvar la vida de la paciente o para evitar lesiones incapacitantes. No incluye excepciones para casos de violación o incesto.

Los votantes de Kentucky rechazaron el año pasado una medida electoral que habría denegado toda protección constitucional al aborto, pero los partidarios del derecho al aborto no han logrado avances en la Legislatura, controlada por los republicanos, a la hora de recortar las leyes antiaborto del estado.

Como consecuencia de la sentencia, las impugnaciones impulsadas por los pacientes “son nuestro único camino para acabar con las prohibiciones en virtud del derecho a la intimidad y el derecho a la autodeterminación”, declaró Amiri.

“Haremos todo lo posible para restablecer el acceso al aborto en Kentucky”, añadió.