LOS ÁNGELES. Los Ángeles pagará más de 21 millones de dólares para resolver las reclamaciones de los residentes de un barrio donde la policía falló en la detonación de un alijo de fuegos artificiales ilegales hace tres años, hiriendo a 17 personas y desplazando a decenas de otras.

El Consejo Municipal aprobó el martes por unanimidad los pagos, que pasarán ahora a la alcaldesa Karen Bass para su aprobación, informó Los Angeles Times.

El concejal Curren Price, que representa al distrito sur de Los Ángeles, donde se produjo la explosión, dijo que lamenta la “agonizante lentitud” del proceso para llegar a un acuerdo.

“Las víctimas de la explosión de los fuegos artificiales de la calle 27 han sufrido un dolor y un trauma inimaginables que durarán toda la vida”, dijo Price en un comunicado. “Alcanzar estos acuerdos financieros fue un paso crucial hacia su curación, la reconstrucción de sus vidas y la búsqueda de estabilidad y paz”.

Las indemnizaciones oscilan entre 100,000 y 2.8 millones de dólares para los 17 demandantes, según el Times.

El 30 de junio de 2021, la policía encontró en una casa de la calle 27 Este unos 14,500 kilogramos de fuegos artificiales caseros y comerciales ilegales y otros materiales explosivos.

Según un informe federal, los artificieros de la policía de Los Ángeles metieron casi 18 kilos de los fuegos artificiales caseros más volátiles y peligrosos en un contenedor blindado con capacidad para sólo 14 kilos.

Se suponía que los fuegos artificiales debían detonarse de forma segura en el lugar de los hechos porque eran demasiado inestables para moverlos, pero el recipiente explotó y los escombros cayeron sobre decenas de viviendas, comercios y vehículos.

La explosión causó heridas a 10 agentes de la ley y siete residentes, y dañó 22 viviendas, 13 negocios y 37 autos y camiones. Unas 80 personas resultaron desplazadas.

Los daños superaron el millón de dólares y la ciudad ha gastado millones más en reparaciones, viviendas y otras ayudas para los residentes del barrio obrero.

Los investigadores federales declararon que los técnicos de los artificieros subestimaron el peso del material explosivo porque lo midieron a simple vista en lugar de utilizar una balanza, y también ignoraron las advertencias de un miembro del equipo que dijo que el material explosivo debía dividirse en cargas más pequeñas.

Arturo Ceja III, de 27 años, que vivía en la casa donde se encontraron los fuegos artificiales, fue condenado a cinco meses de prisión federal tras declararse culpable de un cargo de transporte de explosivos sin licencia.