Austin. El procurador general de Texas, Ken Paxton, se entregó hoy en una cárcel cercana a Dallas, donde fue fichado por tres cargos de fraude y pagó una fianza de $35,000 para quedar en libertad, informaron las autoridades.

Paxton, uno de los principales artífices de la demanda que bloqueó las medidas migratorias del presidente Barack Obama, se presentó hoy en la cárcel del condado de Collin en McKinney (Texas), para enfrentar un proceso en su contra por dos cargos de fraude en primer grado y uno, menor, por actuar de bróker sin licencia.

Al político republicano, de 52 años, le tomaron las huellas dactilares y una fotografía -en la que aparece sonriente- para el archivo policial y fue puesto en libertad tras abonar la fianza.

Ni él ni su abogado, Joe Kendall, hicieron declaraciones a la salida.

Un gran jurado acusó la semana pasada a Paxton de estos tres cargos a raíz de un caso de 2011, en el que habría alentado inversiones por valor de $600,000 a la empresa tecnológica Servergy Inc, con sede en McKinney.

Según la acusación, Paxton se hizo pasar por un inversionista más, no informó a los afectados de que iba a cobrar una comisión y además actuó sin licencia.

Simpatizantes del Partido Demócrata reclamaron hoy su dimisión en una protesta en McKinney, mientras que el Partido Republicano de Texas difundió un comunicado en el que defiende el trabajo de Paxton como procurador y pide un proceso judicial justo.

"Como todos los estadounidenses, Ken Paxton merece ser juzgado en un tribunal y no por una opinión pública influenciada por grupos liberales", dijo el portavoz republicano Aaron Whitehead.

Paxton accedió al cargo tras ganar en noviembre las elecciones y que el anterior procurador general texano, Greg Abbott, accediera a la Gobernación sureña.

Antes había servido por más de una década como senador y representante estatal.

Hace unas semanas captó la atención del país cuando instó a los funcionarios públicos a alegar motivos religiosos para no expedir licencias de matrimonio a parejas de homosexuales tras el fallo del Tribunal Supremo que legalizó estas uniones.

El procurador texano lidera también la demanda que tiene bloqueadas desde febrero las medidas migratorias con las que el presidente Obama busca regularizar a unos cinco millones de indocumentados. 

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