Una orden mordaza que le prohibía a Donald Trump comentar sobre el personal del tribunal en su juicio civil por fraude en Nueva York luego de que denostó a una empleada, fue suspendida el jueves por un juez de un tribunal de apelaciones, el cual planteó su inquietud de que la orden infringía los derechos del expresidente a la libertad de expresión.

El juez David Friedman, del tribunal de apelaciones intermedio del estado, emitió la suspensión a la orden mordaza, lo que le permitirá a Trump comentar libremente sobre el personal de la corte mientras se desarrolla un proceso de apelación más largo. El fallo de Friedman también es aplicable a los abogados de Trump y a otras personas involucradas en el caso.

El juez del juicio por fraude, Arthur Engoron, le impuso la orden mordaza a Trump luego de que el expresidente hizo un comentario despectivo en redes sociales sobre la secretaria judicial de Engoron el segundo día del juicio, el 2 de octubre. Posteriormente Engoron multó a Trump con 15.000 dólares por infracciones y amplió la orden para incluir a sus abogados, luego de que estos cuestionaran el destacado papel de la secretaria en la sala del tribunal.

Friedman cuestionó la autoridad de Engoron para controlar el discurso de Trump afuera de la sala del tribunal, el cual ha incluido frecuentes quejas sobre el caso en las redes sociales y comentarios a las cámaras de televisión en el pasillo del tribunal. Reconoció que a menudo los jueces emiten órdenes mordaza, pero dijo que se utilizan sobre todo en casos penales en los que existe el temor de que los comentarios sobre el caso podrían influir en el jurado.

Los abogados de Trump interpusieron una demanda contra Engoron el miércoles por la noche, impugnando la orden mordaza por considerarla un abuso de poder. Friedman programó una audiencia de emergencia el jueves por la tarde en una mesa de conferencias de un tribunal de apelación estatal, a pocos kilómetros de donde se desarrolla el juicio.

Luego del fallo de Friedman, la abogada de Trump, Alina Habba, señaló que no tiene planes de aconsejar al expresidente que guarde silencio sobre la secretaria judicial.

“No veo razón para restricciones, porque la señora James sigue desacreditando a mi cliente”, dijo Habba, refiriéndose a la procuradora general de Nueva York, Letitia James, que está impulsando el caso. Habba añadió que Trump no ha amenazado la seguridad de la secretaria judicial.

“Ambas partes necesitan poder hablar, y el hecho de que yo, francamente, y mi cliente no pudiéramos hablar durante los últimos días es muy inconstitucional”, señaló Habba.

Trump y sus abogados han puesto repetidamente bajo la lupa a la secretaria judicial, Allison Greenfield, durante el juicio. Sostienen que la excandidata judicial demócrata es una voz partidista en el oído de Engoron —aunque él también es demócrata—, y que está desempeñando un papel demasiado destacado en el caso del expresidente republicano.