La Cámara de Representantes de Florida aprobó el jueves un proyecto de ley que disolvería el gobierno privado de Walt Disney World, dándole al gobernador republicano Ron DeSantis una victoria en su enfrentamiento con la gran empresa del espectáculo, que se opone a una medida que los detractores han bautizado “No digas gay”.

La decisión tendría enormes consecuencias impositivas para Disney, cuyos parques temáticos han trasformado a Orlando en uno de los destinos turísticos más concurridos del mundo, y agrava la relación entre el gobierno republicano y uno de los principales actores políticos del estado.

Para DeSantis, el ataque a Disney es la batalla más reciente de una guerra cultural en torno a problemas como la raza, el género y el coronavirus, que lo han convertido en uno de los políticos republicanos más populares del país y un probable candidato presidencial en 2024.

La disputa con Disney se refiere a la crítica de la empresa a una nueva ley que prohíbe la instrucción sobre orientación sexual y género desde el jardín de infantes hasta tercer grado, así como la enseñanza que no sea “apropiada para esa edad o apropiada a ese grado de desarrollo”.

En marzo, Disney dijo que suspendería las donaciones políticas en el estado y añadió que apoyaría a las organizaciones que hacen campaña contra la nueva ley. DeSantis y sus correligionarios volvieron sus cañones contra Disney y sostuvieron que la ley es razonable.

“Disney y otras empresas de activismo social ya no se saldrán con la suya con sus campañas de presiones irrestrictas”, dijo DeSantis en un pedido de recaudación de fondos el miércoles. “Si queremos obligar al aparato demócrata y sus perritos falderos empresarios a rendir cuentas, tenemos que mantenernos unidos”.

El proyecto aprobado el jueves eliminaría el Reedy Creek Improvement District, como se llama oficialmente el gobierno Disney, y otros distritos similares para junio de 2023. La medida deja abierta una puerta para que renegocien su futuro. Ahora pasa al despacho de DeSantis para su firma.

Los demócratas han criticado el proyecto como una represalia contra la empresa y advierten que los propietarios de viviendas locales podrían recibir enormes cuentas impositivas si tienen que absorber la deuda en bonos de Disney, aunque esos detalles distan de estar claros.

Disney es uno de los empleadores privados más grandes de Florida, con más de 60.000 trabajadores en el estado, según dijo. No estaba claro cómo afectaría la disolución del distrito a la empresa o los gobiernos locales.