HOUSTON.  Héctor e Itza Ayala esperaban en una sala de conferencias de una prestigiosa escuela de artes escénicas en Houston, aferrando un documento que esperaban obligara a la administración a investigar la denuncia de su hija de 15 años de que había sufrido una agresión sexual en un aula. 

Habían pasado cuatro meses desde que la menor dijo haber sido agredida por otro estudiante. La policía del distrito educativo había sido informada, pero la dirección de la escuela dijo que no podía hacer nada más para protegerla del chico, que seguía en el centro. 

Frustrada, Itza, profesora en el distrito, acudió a internet en busca de ayuda y acabó en el sitio web de la Oficina de Derechos Civiles (OCR, por sus siglas en inglés) del Departamento de Educación de Estados Unidos, donde encontró su guía sobre lo que deben hacer los centros cuando un estudiante denuncia violencia sexual. 

“Según leía más y más”, comentó, “pensé ‘Esto es exactamente lo que ocurrió, es exactamente lo que no están haciendo. ¡Alguien puede ayudarme!’”. 

La OCR publicó en 2011 unas recomendaciones detallando que las escuelas K-12, así como centros de educación superior, deben realizar sus propias investigaciones sobre violencia sexual contra sus alumnos y tomar “medidas inmediatas” para impedirla o contrarrestar sus efectos. 

Las recomendaciones provocaron una reacción en contra de los conservadores, pero también un aumento en las denuncias de violencia sexual que llegaban a la oficina. Sin embargo, no produjeron reformas generalizadas. 

Víctima de su éxito

Criticada, falta de personal y con pocos fondos, la oficina se convirtió en víctima de su propio éxito y tiene problemas para investigar las crecientes denuncias y exigir responsabilidades a los distritos educativos. Un análisis de The Associated Press sobre los registros de la OCR determinó que sólo en torno a una de cada 10 denuncias de violencia sexual contra escuelas primarias y de secundaria derivaron en mejoras. Y casi la mitad de los casos siguen sin resolver, el de los Ayala entre ellos. 

“La crítica es que hemos ido demasiado rápido. La realidad es que hemos ido demasiado despacio”, dijo Catherine Lhamon, exdirectora de la OCR. “Soy dolorosamente consciente de los chicos a los que no llegamos”. 

La cláusula legal Título IX, conocida sobre todo por garantizar la igualdad de género en programas deportivos con financiamiento federal, se convirtió en la herramienta del gobierno para perseguir las agresiones sexuales en escuelas. En 2009, la oficina comenzó a documentar los casos de violencia sexual como una categoría del acoso sexual que ya monitoreaba. 

Cinco años más tarde, la Casa Blanca creó un equipo de trabajo para combatir las agresiones sexuales a estudiantes y lanzó un sitio web con estrategias de prevención y consejos legales. Las escuelas investigadas por la OCR fueron identificadas de forma pública. 

La reacción en contra fue feroz, especialmente en las universidades. Sus críticos acusaron al Departamento de Educación de socavar los derechos de los acusados a un proceso debido y de suplantar al Congreso al supuestamente establecer nuevas leyes. 

La fundación privada de la secretaria de Educación, Betsy DeVos, ha ayudado a financiar una demanda que pretende desmantelar las recomendaciones del Departamento ante las agresiones sexuales. Durante su vista de confirmación en enero, se preguntó a la multimillonaria republicana si apoyaría mantener la aplicación de las políticas actuales. 

“Sería prematuro que lo hiciera hoy”, respondió. 

A diferencia del furor en el Congreso y en los campus universitarios, las recomendaciones de 2011 recibieron mucha menos atención en los despachos de las escuelas K-12, un término que agrupa a centros de primaria y secundaria. 

Aun así, la campaña de concienciación ciudadana dio sus frutos y los reportes de violencia sexual contra escuelas de esta clase casi se multiplicaron por dos entre 2012 y 2013, según un análisis de AP de los registros de la OCR. Entre 2014 y 2016, las demandas se multiplicaron casi por cuatro. 

Cualquiera puede presentar una queja _víctimas, familiares o personal de la escuela_ y el aumento en las demandas puso a prueba una agencia ya sobrecargada. También demoró la justicia para algunos de los mismos estudiantes a los que la oficina quería ayudar. 

Casi la mitad de las 275 demandas por violencia sexual presentadas entre octubre de 2008 y mediados de noviembre de 2016 _132_ quedaron sin resolver, según determinó AP. La OCR no especifica en sus datos si los agresores son otros alumnos, pero la Oficina de Cuentas del Gobierno citó en 2014 a funcionarios de la oficina indicando que habían recibido “muchas más” denuncias de agresiones por parte de estudiantes que por parte de adultos. 

Sólo 31 de las denuncias de violencia sexual presentadas ante la OCR terminaron con un acuerdo en el que un distrito educativo aceptó hacer mejoras como reformar sus protocolos de repuesta o pagar la terapia de las víctimas. Y ningún distrito recibió la sanción más extrema posible: la pérdida de financiamiento federal o una derivación al Departamento de Justicia. 

La OCR señaló que el financiamiento concedido por el Congreso no ha seguido el ritmo de la carga de trabajo, que incluye decenas de miles de denuncias de derechos civiles. Su presupuesto de 2017 es de $107 millones ligeramente por encima de los $91 millones de 2007, indicó la OCR, a pesar de que su carga de trabajo ha crecido un 188% en ese periodo. 

Triste el caso de los Ayala

Cansados de esperar o sin fe en los centros educativos y en el gobierno, los estudiantes que presentan denuncias de agresión sexual acuden en ocasiones a los tribunales, como hicieron los Ayala el año pasado. 

La hija de la pareja, a la que AP no identificó porque no publica el nombre de víctimas de abusos sexuales, estaba entusiasmada de entrar en la Escuela Secundaria Houston de Artes Visuales e Interpretativas, que tiene a Beyoncé entre sus antiguos alumnos. 

Unas semanas antes de su segundo año en 2014, estaba en el campus ayudando con la orientación a estudiantes. Sharif Stallworth, de penúltimo año, le bajó los pantalones en una sala vacía de música y, pese a sus protestas, la penetró con un dedo, según un documento policial. 

La niña recibió un diagnóstico de “abuso sexual de menor o adolescente, encuentro inicial” en el Hospital Infantil de Texas, según informes médicos que la familia compartió con AP. 

Ahora Stallworth está a la espera de juicio. Su abogado no respondió a reiteradas peticiones de una entrevista. Tampoco los responsables de la escuela respondieron a peticiones de comentarios, y no estaba claro que la escuela hubiera tomado ninguna medida ni cambiado ninguna política. 

La OCR declinó hacer comentarios sobre su investigación sobre la gestión del incidente en la escuela, que comenzó en marzo de 2015, salvo para indicar que seguía abierta. 

La familia, explicó Itza Atala, quiere exigir responsabilidades. 

“Es frustrante ver que los adultos que se suponía debían protegerla a ella y ayudarnos a nosotros no hicieran nada”, dijo.