Por segunda vez en tres años, el Departamento de Justicia de Estados Unidos rechazó el plebiscito sobre la estadidad para Puerto Rico, propuesto por el gobierno del Partido Nuevo Progresista, al reafirmar que no tienen claro que los boricuas hayan rechazo el Estado Libre Asociado (ELA).

En la carta –con fecha del pasado miércoles y firmada por el subsecretario Jeffrey A. Rosen– el gobierno de Donald Trump alega que validar el referéndum “Estadidad Sí o No” sería apoyar una opción en específico.

“El Departamento hace notar, como hizo en 2017, que ‘la validez de los resultados del plebiscito de 2012 han sido sujeto de controversias y debate’ y que es ‘incierto’ si los resultados de 2012 reflejan la “voluntad presenta de la gente'”, se desprende de la misiva.

Además, exponen su oposición al lenguaje de la ley firmada por Wanda Vázquez Garced que implicaría que el proceso fijado para el 3 de noviembre provocaría la anexión inmediata de Puerto Rico a la república norteamericana. Es más, Rosen expuso que la ley local se presta para un engaño al comparar el plebiscito con consultas legisladas por el Congreso para la admisión de Hawái y Alaska como estados, según detalló El Nuevo Día.

“Las referencias a Alaska y Hawai... no proveen una descripción precisa de cómo es probable que se desarrolle el proceso de estadidad y por ello es probable que confundan al elector”, se desprende de la carta.

Tanto el presidente Trump como el líder de la mayoría republicana en el Senado, Mitch McConnell, han rechazado la estadidad para Puerto Rico.

“Estados Unidos sigue comprometido a permitir que el pueblo de Puerto Rico determine el futuro político status del ‘Estado Libre Asociado’ (Commonwealth), pero el Departamento debe hacer énfasis que un voto mayoritario por el sí en este plebiscito no llevaría automáticamente o inmediatamente a la admisión”, añadió el subsecretario.

Por otro lado, en la misiva se indicó que el gobierno estadounidense no tendría tiempo para evaluar y desembolsar los $2.5 millones destinados a Puerto Rico en una ley federal de 2014 ya que luego de que Justicia federal validara las papeletas y la campaña educativa, los comités de Asignaciones del Congreso debían aprobarla y la entrega del dinero sería 45 días después.