Una jueza federal del Estado de Maryland ordenó este viernes 4 de abril al gobierno de los Estados Unidos que de marcha atrás con la deportación del salvadoreño Kílmar Armando Ábrego García, quien tenía estatus de protección en el país norteamericano y fue enviado al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) junto a salvadoreños y venezolanos acusados de ser pandilleros.

Ábrego García presentó un habeas corpus ante el Tribunal Federal de Maryland alegando un “daño irreparable” con el error que provocó su deportación y la jueza Paula Xinis le dio la razón al dictaminar que la acción no tuvo un sustento legal y por lo tanto debe ser devuelto a Estados Unidos.

El gobierno estadounidense admitió durante el proceso judicial iniciado por la defensa de Ábrego García que había cometido un “error administrativo” en la deportación del salvadoreño, pero que ahora no tenía jurisdicción para ordenar que él fuera sacado del CECOT en El Salvador y enviado nuevamente a suelo estadounidense.

“Los no ciudadanos y sus cónyuges e hijos ciudadanos estadounidenses deben saber que si esta nación les otorga protección contra la persecución, honrará ese compromiso incluso cuando cambien los vientos políticos; y si el gobierno busca rescindir dicha protección, lo hará solo mediante nuevos procedimientos judiciales de acuerdo con las reglas de procedimiento establecidas en el Código de Regulaciones Federales y la cláusula del Debido Proceso de la Quinta Enmienda. La deportación del demandante se llevó a cabo por la fuerza, no por la ley; el interés público favorece corregir ese error”, analizó el Tribunal en el proceso.