Washington. La jueza que preside el caso de documentos clasificados del expresidente Donald Trump en Florida desestimó el lunes la acusación, dándole la razón a los abogados de la defensa, según los cuales el fiscal especial del caso había sido asignado ilegalmente.

La decisión de la jueza Aileen Cannon pone fin abrupto y asombroso a un caso penal que en su momento fue considerado el más peligroso de todos los que penden sobre el expresidente republicano. Trump enfrentaba docenas de cargos de que retuvo ilegalmente documentos clasificados en su mansión Mar-a-Lago en Palm Beach, Florida, y de obstaculizar los intentos del FBI de recuperarlos.

Los abogados de la defensa habían presentado múltiples recursos contra el caso, incluyendo uno legalmente técnico según el cual el fiscal especial Jack Smith había sido designado ilegalmente bajo la cláusula de asignaciones de la Constitución, que rige las asignaciones a ciertos cargos públicos, y de que su despacho estaba ilegalmente financiado por el Departamento de Justicia.

Cannon, cuyo manejo del caso había provocado cuestionamientos incluso antes de la presentación de cargos, coincidió en ello, escribiendo en una carta de 93 páginas: “Los redactores de la Constitución le dieron al Congreso un rol fundamental en la designación de funcionarios principales e inferiores. Ese rol no puede ser usurpado por el Poder Ejecutivo ni puede ser diluido por ninguna otra agencia, ya sea en este caso o en ningún otro caso, ya sea en tiempos de mayor necesidad nacional o no”.

El equipo de Smith había rechazado ese argumento enfáticamente ante Cannon el mes pasado, afirmando que aun si la jueza le da la razón a la defensa, la rectificación no debería ser la desestimación del caso entero.

Un vocero del equipo de Smith no respondió a un mensaje pidiéndole comentario, y la campaña de Trump no ofreció una reacción.

24 Fotos