WASHINGTON. Una jueza federal dictaminó el jueves que el presidente Donald Trump actuó ilegalmente cuando despidió a una integrante de un organismo laboral independiente, y la magistrada ordenó que se le permita permanecer en el puesto.

La jueza federal Beryl Howell determinó que Trump no tenía autoridad para destituir a Gwynne Wilcox de la Junta Nacional de Relaciones del Trabajo (NRLB, por sus siglas en inglés).

“Un presidente estadounidense no es un rey -ni siquiera uno ‘electo’- y su poder para destituir a funcionarios federales y honestos servidores públicos como el demandante no es absoluto”, escribió Howell.

Reconoció el argumento de la administración de que el Tribunal Supremo podría inclinarse por revocar una decisión de hace 90 años que restringe el poder del presidente para destituir a miembros de organismos independientes. Pero la jueza dijo que hasta que y a menos que el alto tribunal actúe, la ley actual apoya claramente mantener a Wilcox en su papel.

La administración Trump apeló rápidamente su decisión.

Wilcox demandó a Trump después de que éste la despidiera a ella y a la consejera general de la agencia, Jennifer Abruzzo, el 27 de enero.

Los abogados de Wilcox dijeron que ningún presidente había intentado antes destituir a un miembro de la NLRB. Argumentaron que los miembros de la junta solo pueden ser despedidos “por negligencia en el cumplimiento del deber o mala conducta en el cargo”, y solo después de notificar y celebrar una audiencia.

El “único camino hacia la victoria” de Trump en el caso de Wilcox sería persuadir a la Corte Suprema de Estados Unidos para que “adopte una nueva y más agresiva visión del poder presidencial que aboliría efectivamente las agencias independientes” en Estados Unidos, escribieron sus abogados.

Durante una audiencia celebrada el miércoles, Howell se refirió bromeando a sí misma como un “badén” para el caso en su camino hacia el Tribunal Supremo.

Los abogados del gobierno argumentaron que los miembros de la NLRB deberían ser “removibles a voluntad para asegurar la responsabilidad democrática”. Reincorporar a Wilcox a la junta sería “una intrusión extraordinaria en el poder ejecutivo”, añadieron.

“No se puede obligar al Presidente a mantener los servicios de un funcionario principal al que el Presidente ya no cree que se le deba confiar el ejercicio del poder ejecutivo”, escribieron los abogados del Departamento de Justicia .

Wilcox fue la primera mujer negra que formó parte de la junta de cinco miembros en sus 90 años de historia. El Senado confirmó a Wilcox para un segundo mandato de cinco años en septiembre de 2023.

El Congreso creó la junta en 1935. Su objetivo principal es resolver conflictos sobre prácticas laborales desleales. En el último ejercicio fiscal resolvió cientos de casos.