Un juez federal bloqueó temporalmente el lunes una ley de Iowa que permitía a las autoridades policiales del estado presentar cargos penales en contra de personas que tienen órdenes de deportación pendientes o a las que se les había negado previamente el ingreso a Estados Unidos.

El juez de distrito Stephen Locher emitió la orden preliminar porque señaló que era posible que el Departamento de Justicia y grupos defensores de los derechos civiles que interpusieron una demanda contra el estado tuvieran éxito en sus argumentos de que la ley federal de inmigración tiene primacía sobre la ley que fue aprobada por los legisladores de Iowa hace unos meses.

“Como cuestión política, la nueva iniciativa podría ser defendible”, escribió Locher en su decisión. “No así como una cuestión de derecho constitucional”.

La ley de Iowa, que estaba programada para entrar en vigor el 1 de julio, permitiría que las autoridades policiales presentaran cargos contra personas con órdenes de deportación pendientes o que habían sido repatriadas o se les había negado admisión previa a Estados Unidos. Una vez detenidos, los migrantes tendrían la opción de aceptar la orden de un juez de salir del país o ser procesados, y enfrentar posibles sentencias en prisión antes de ser deportados.

Al momento de aprobar la ley, la legislatura de Iowa, de mayoría republicana, y la gobernadora Kim Reynolds señalaron que tomaron la medida porque el gobierno del presidente Joe Biden no había tenido éxito en su intento de controlar a la inmigración a lo largo de la frontera sur del país.

En los argumentos que le fueron presentados a Locher la semana pasada, el estado señaló que la ley de Iowa únicamente le permitiría a las autoridades policiales y a los tribunales del estado aplicar la ley federal, no crear una nueva.

Sin embargo, el gobierno federal y grupos defensores de los derechos civiles aseguraron que la ley de Iowa violaba la potestad única del gobierno federal en materia de inmigración y crearía una serie de problemas y confusiones.

Christopher Eiswerth, abogado del Departamento de Justicia, y Emma Winger, representante del Consejo Estadounidense de Inmigración, señalaron que la nueva ley de Iowa no establecía excepciones para personas que fueron deportadas previamente y ahora se encontraban legalmente en el país, incluidos los solicitantes de asilo.